Las autoridades locales de conservación elaboraron una resolución administrativa para determinar la viabilidad técnica, social, jurídica y financiera de implantar áreas protegidas en los lugares de importancia para la conservación. La resolución considera la información procedente de estudios científicos y destaca la importancia de establecer un proceso participativo mediante la creación de un panel de diálogo multisectorial. Al mismo tiempo, la autoridad local creó un Comité de seguimiento con representantes institucionales de la autoridad nacional de gestión de áreas protegidas para legitimar el proceso y garantizar su documentación e institucionalización.

El estudio científico identifica las zonas costeras y marinas de Costa Rica especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático. El análisis de vulnerabilidad combinó tres factores: exposición, impactos potenciales y capacidad de adaptación de las comunidades para responder a estos impactos. A través de estos tres factores se evaluaron las amenazas climáticas del aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura atmosférica y los cambios en los patrones de precipitación para identificar la vulnerabilidad. El análisis apoya la priorización de las acciones de adaptación al cambio climático para las áreas protegidas y los distritos de las comunidades locales. Estas acciones incluyen la recuperación de hábitats clave como bosques ribereños, manglares, terrazas de playa y la reubicación de senderos turísticos cerca de la playa dentro de las áreas protegidas.

Tres estudios científicos aportan información técnica para identificar las zonas que deben incluirse en el sistema nacional de áreas protegidas. La evaluación de las ecorregiones marinas en Mesoamérica fue el primer paso para lograr una agenda de conservación de la biodiversidad marina y costera a nivel regional. Para cumplir con las metas establecidas para el nivel ecorregional, se identificaron brechas de representatividad e integridad para la biodiversidad marina y costera de Costa Rica a través de una comparación del sistema nacional de áreas marinas protegidas con los sitios de importancia para la conservación identificados durante la evaluación. Los sitios nacionales de importancia para la conservación fueron priorizados en el análisis de brechas. Se realizaron evaluaciones técnicas adicionales para profundizar en el estado de conservación a nivel de los sitios locales. Esta información científica ayudó a elaborar consideraciones sobre las prioridades a nivel local y los usos reales y potenciales junto con los conflictos de uso.

Un acuerdo de cooperación define las funciones y responsabilidades de cada socio de la asociación público-privada y garantiza el cumplimiento de un Plan de Ejecución y Seguimiento programado para alcanzar los objetivos de conservación.

Además de fijar los objetivos de conservación, el Plan de Ejecución y Seguimiento también detalla los objetivos estratégicos y las actividades que deben llevarse a cabo durante un periodo de tiempo determinado para alcanzar dichos objetivos. Además, el plan identifica posibles riesgos y dificultades y proporciona indicadores para el seguimiento y la evaluación.

La FMCN y la CONANP colaboran en una asociación público-privada, la Gulf of California Marine Endowment (GCME). Esto se formaliza en un acuerdo de cooperación que detalla el papel y las responsabilidades de los socios. La FMCN es responsable de la gestión de los recursos financieros y la CONANP vela por que dichos recursos se utilicen en actividades estratégicas de conservación.

Dado que la normativa mexicana impide a la CONANP recibir donaciones privadas directamente, el FMCN canaliza la financiación a la gestión de cada área protegida a través de organizaciones locales y acompaña con estrictos controles financieros y personal experimentado y bien formado. Este mecanismo de colaboración público-privada garantiza que los fondos se apliquen con transparencia y ayuda a potenciar la participación de la sociedad civil en la gestión de las AMP.