Mejorar la regulación y reforzar la cooperación entre los distintos niveles de gobierno para una aplicación eficaz de la ley.
Desarrollar una base de datos pública para hacer un seguimiento de la financiación de la biodiversidad, mejorar la rendición de cuentas y garantizar el cumplimiento de las responsabilidades de gasto de los gobiernos.
Capacitación y concienciación a escala nacional para la planificación, ejecución, supervisión y elaboración de informes de los presupuestos medioambientales.
