Para ello, el proyecto contrató a dos agencias consultoras internacionales con una larga presencia sobre el terreno. En los documentos de licitación y el proceso de selección, la GIZ se centró en requisitos previos como la experiencia en prevención de conflictos y enfoques basados en los derechos humanos, así como en la justicia de género en particular. Sobre la base de los términos de referencia formulados por el proyecto, el consorcio contrató a empleados locales, que actúan como intermediarios de confianza, poseen las competencias lingüísticas y la empatía cultural necesarias, así como los conocimientos especializados y la comprensión de la lógica del proyecto desde la perspectiva del donante. Además, el proyecto contrató a consultores nacionales para reforzar las capacidades de la población local y sus instituciones.
La GIZ celebró reuniones a nivel de aldea, territorio y zona del proyecto con los evaluadores del nuevo proyecto. Los resultados se sincronizaron con los planes de desarrollo local (planes de vida). Los factores cruciales fueron la consulta informada inicial y la participación de la población local en el diseño de los microproyectos y las oportunidades de empleo para el personal indígena. Otro factor es el principio del proyecto de no trabajar con la población, creando capacidades a nivel local en diversas aptitudes.
- La aceptación y el éxito del proyecto dependen fundamentalmente de un planteamiento fuertemente orientado a la aplicación a nivel local y de carácter holístico, en el sentido de que se oriente a las necesidades locales.
- Un diseño flexible del proyecto es clave para tener en cuenta las sugerencias de las distintas partes interesadas decisivas para la ejecución del proyecto.
- El desarrollo de capacidades de manera formal (por ejemplo, diplomas) e informal ("multiplicadores" locales, aprendizaje horizontal a través del intercambio estructurado de experiencias, etc.) es clave para la sostenibilidad de las acciones.