Una gran parte de la financiación internacional para combatir los delitos contra la vida silvestre se destina a talleres y conferencias, concienciación y movilización de la comunidad, equipamiento general e infraestructuras, y gastos generales de las ONG ejecutoras. Las condiciones de uso de estos fondos suelen estar dictadas por el organismo financiador y la ONG ejecutora, y no por el gobierno del país destinatario. Aunque estas intervenciones desempeñan un papel importante, por lo general no abordan directamente el reto principal de la lucha contra los delitos contra la vida silvestre. Los organismos gubernamentales suelen funcionar con presupuestos limitados y procedimientos de adquisición y aprobación restrictivos. Esto puede impedir una actuación rápida, especialmente en situaciones de crisis imprevistas. Un apoyo financiero externo rápido y flexible que se canalice directamente hacia las operaciones gubernamentales puede eliminar muchas de estas limitaciones y liberar todo el potencial del personal gubernamental. En el contexto de la lucha contra los delitos contra la vida silvestre, esto permite al personal gubernamental encargado de la aplicación de la ley y de la conservación responder rápidamente a incidentes de cualquier naturaleza y llevar a cabo eficazmente las tareas que les han sido encomendadas. Es importante que los fondos se canalicen directamente hacia actividades operativas, idealmente a través de una ONG de apoyo local con unos gastos generales mínimos, en lugar de formar parte de presupuestos más amplios propensos a escollos burocráticos.