


Los proyectos REDD requieren compromisos a largo plazo entre las comunidades propietarias de los bosques y el promotor del proyecto para entregar créditos de carbono auténticos y de alta integridad que eviten las emisiones mediante la reducción de la deforestación, al tiempo que mejoran los medios de subsistencia y protegen la biodiversidad. Los contratos garantizan que ambas partes son conscientes de este compromiso a largo plazo y de las responsabilidades de cada una.
El contrato entre las comunidades forestales de las montañas Ntakata y Carbon Tanzania, el promotor del proyecto, es de 30 años. Esto incluye los dos años que se tarda en desarrollar y certificar el proyecto REDD. Antes de firmar los contratos, Carbon Tanzania celebra reuniones introductorias con los miembros de la comunidad centradas en el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para garantizar que se respetan los derechos de las comunidades durante el desarrollo del contrato.
Muchas leyes y normativas de Tanzania están concebidas para permitir la propiedad y gestión localizada de recursos y asuntos. Así lo consagran la Ley de Tierras Comunitarias de 1999, la Ley Forestal de 2002 y la Ley de Administración Local de 1982, en las que se basa el proyecto de las Montañas Ntakata. Estas leyes constituyen los cimientos del contrato que rige las actividades y responsabilidades del proyecto, dejando claro que las aldeas y el distrito tienen plena potestad sobre la aplicación de sus ordenanzas, la protección de los bosques y los sistemas de gestión financiera.
La existencia de leyes no siempre garantiza que pasen a formar parte de la vida y los negocios del gobierno local o la comunidad, por lo que hemos aprendido que el proceso de ejecución de las actividades del proyecto, con la consiguiente necesidad de que todas las partes interesadas comprendan sus derechos y la ley, es la mejor manera de hacer realidad los requisitos legales. Hemos trabajado con todas las partes interesadas a través de diversos procesos de educación, formación y facilitación para que comprendan tanto la situación jurídica como las acciones prácticas necesarias para cumplir las obligaciones de la ley.