Se instrumentó un marco de referencia para la implementación de Salvaguardas Sociales y Ambientales, basado en las políticas operacionales del Banco Mundial, así como en el marco legal y normativo nacional e internacional en materia de salvaguardas. Las salvaguardas se definen como aquellas acciones que se realizan para asegurar que los impactos ambientales y sociales derivados de las actividades productivas desarrolladas, puedan identificarse y mitigarse a través de la implementación de buenas prácticas. Éstas se diseñaron como un sistema de gestión de mitigación de riesgos, pero también para aumentar los impactos positivos de los subproyectos ejecutados. El desarrollo de un marco de referencia para la implementación del componente de Salvaguardas garantizó que dicho componente operara de forma transversal en todos las acciones y etapas del proyecto. Con ello se impulsó la ejecución de estrategias y acciones específicas a nivel de los implementadores de subproyectos, bajo los principios y normas establecidas para el logro de los objetivos sociales y ambientales. Como parte de la instrumentación de salvaguardas del Proyecto MDE México, se diseñaron los Planes de Manejo Ambiental (PMA), cuyo objetivo fue identificar las medidas de mitigación que cada subproyecto debió implementar para evitar o mitigar posibles impactos sociales y ambientales negativos, asociados a su actividad productiva, potenciando con ello los beneficios de cada iniciativa. Su construcción se realizó de manera de participativa, junto los beneficiarios seleccionados, como parte del proceso para la integración de propuestas técnicas y de los documentos de planeación de cada subproyecto.

En México existen barreras que obstaculizan el acceso a fuentes de financiamiento para proyectos productivos liderados por mujeres y jóvenes en el contexto rural, particularmente aquellas asociadas a la tenencia de la tierra y al acceso a posiciones de participación, liderazgo comunitario y técnico. Además, la falta de acceso a oportunidades de capacitación, la poca experiencia, así como las limitaciones tecnológicas y de comunicación, representan un obstáculo importante para estos grupos, sin mencionar los aspectos culturales que muchas veces son incompatibles con su involucramiento en la vida económica comunitaria. En este contexto, el MDE México abordó el enfoque de inclusión social de manera transversal, a través de acciones que favorecieron la participación de mujeres, jóvenes y personas sin derechos agrarios reconocidos o avecindados. El diseño de la Ventana de Inclusión Social (VIS) permitió definir estrategias específicas de financiamiento para facilitar la participación de estas personas y su inclusión en el desarrollo comunitario. Dichas estrategias dieron como resultado un incremento en la participación de mujeres y jóvenes en la identificación y ejecución de actividades productivas en los territorios forestales. 

Con el fin de que los productores implementaran sus proyectos satisfactoriamente, se recurrió a diversas figuras regionales para brindarles el apoyo y el acompañamiento necesario. Los equipos de Asistencia Técnica Local, Promotores Comunitarios Locales y Enlaces Operativos Regionales les brindaron a los grupos apoyo técnico para desarrollar sus propuestas, recabar evidencias de implementación y elaborar los informes de los subproyectos.  En materia de adquisiciones, contrataciones y finanzas, los Enlaces Administrativos Regionales les brindaron apoyo y asesoría para la realización de los procedimientos de adquisiciones, contrataciones y comprobaciones, a través de los informes financieros. Para los grupos que no estaban constituidos legalmente, la Agencia Nacional Ejecutora (Rainforest Alliance México) se encargó de la administración, elaboración directa de todos los procedimientos de adquisiciones, ejecución de los recursos asignados y de las comprobaciones correspondientes. Esta responsabilidad compartida con los beneficiarios permitió reducir la brecha que existe para los grupos y cumplir a cabalidad con los estándares más altos en la ejecución de las adquisiciones, contrataciones y el manejo financiero durante la ejecución de los subproyectos.

El objetivo del MDE México fue fortalecer las capacidades de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales que dependen de los bosques y selvas a través de procesos participativos e incluyentes, para la consolidación de proyectos productivos en paisajes forestales. Las capacitaciones se empezaron a gestar desde el momento en el que los subproyectos fueron seleccionados por el Comité de Evaluación, cuyos integrantes recibieron capacitación para facilitar el análisis y el diálogo sobre las propuestas recibidas para orientar el proceso de evaluación y selección.

Por otra parte, la Asistencia Técnica Local brindó a los beneficiarios acompañamiento y asesoría especializada para la construcción participativa de las propuestas técnicas y de los instrumentos de planeación y monitoreo, lo que aseguró el desarrollo de capacidades y la apropiación de los instrumentos en cada Grupo de Trabajo. 

Además, con el fin de brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios en la ejecución, monitoreo y evaluación de los subproyectos, se implementó un programa de formación de agentes de cambio (Promotores Comunitarios Locales) para proyectos productivos comunitarios con un enfoque REDD+.

Asimismo, se implementaron Talleres de Intercambio de Conocimientos entre beneficiarios, para fortalecer sus capacidades con el conocimiento de otros grupos más experimentados.

La norma técnica fue elaborada por la Corporación Ganadera, en coordinación con el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica y fue consultada a diferentes organizaciones nacionales afines al sector ganadero. 

Fue desarrollada bajo los enfoques de adaptación y mitigación al cambio climático, y contempla la evaluación de los aspectos más importantes en el manejo de los sistemas productivos, tales como trazabilidad, bioseguridad, sanidad animal, alimentación, bienestar animal, instalaciones, gestión ambiental y transporte. 

Incorpora además prácticas ganaderas sostenibles enfocadas en la conservación de suelos, el manejo integrado de pasturas y forrajes, arborización de las fincas ganaderas y la optimización del manejo de los recursos naturales en la finca. 

El Programa de Monitoreo Biológico Participativo (PMBP) se ejcutó en coordinación con el Programa Nacional de Monitoreo Ecológico del SINAC.

Se realizó en 18 comunidades con la participación de 364 personas, de las cuales 74 pertenecen a territorios indígenas.También se cuenta con participación de sociedad civil, agricultores beneficiarios del proyecto, centros de investigación y universidades entre otros. 

Los actores fueron organizados en brigadas para cada comunidad meta, recolectando y compartiendo información sobre el estado de la biodiversidad en los paisajes productivos ubicados en la zona de amortiguamiento a las áreas protegidas, así como conocimiento con respecto al monitoreo biológico y ecológico.

Desde las brigadas se fortalecen los procesos de educación ambiental, se genera información valiosa para la conservación de la biodiversidad de la región, se generan oportunidades para impulsar el turismo rural comunitario y se facilitan condiciones para la consolidación de una estrategia de gestión participativa del patrimonio natural entre el SINAC y las comunidades. 

Una vez que se realizaron los estudios de prefactibilidad, se brindó cooperación técnica financiera a 15 proyectos en todo el país, movilizando fondos de inversión tanto públicos como privados (recursos de contrapartida).

Se realizaron dos convocatorias para acceder a fondos no reembolsables, logrando desarrollar proyectos propuestos por 8 municipalidades con 3 consorcios, 1 concejo municipal, 2 empresas privadas, 2 organizaciones, 1 Asociación de Desarrollo Integral y 1 ASADA.

Se apoyó el fortalecimiento de capacidades de comunicación de gobiernos locales, brindando herramientas para una comunicación efectiva y con participación de las personas habitantes del cantón. 

Se elaboró un diagnóstico inicial para identificar retos compartidos entre diferentes gobiernos locales, donde resalta la ausencia de una estrategia que oriente las diferentes acciones de comunicación en gestión de residuos, lo cual reduce el impacto y retrasa el proceso de educación y sensibilización que se persigue.

Este proceso se construyó de forma mancomunada y participativa, logrando mejorar la comunicación y acercando a la población del cantón a soluciones sencillas para mejorar la gestión integral de residuos y la calidad de vida en sus comunidades.

Se elaboró también un Kit de Herramientas de Comunicación en Gestión Integral de Residuos, el cual tiene como objetivo apoyar a las municipalidades en su labor de comunicación, sensibilización y llamado a la acción dirigida a la ciudadanía de sus cantones, ya que la participación ciudadana es un elemento fundamental e imprescindible de una gestión integral de residuos sólidos efectiva.

Se fortalecieron las capacidades municipales en la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) a lo largo de la cadena de servicio de los residuos, para facilitar la implementación de proyectos de mejora enfocados en la reducción de emisiones GEI y que son apoyados por el Proyecto.

Se llevó a cabo un curso de Sostenibilidad en la GIRS, en el cual 15 gestores municipales fueron capacitados en temas clave como el análisis de ciclo de vida, economía circular, cadena de valor del reciclaje, alianzas público-privadas y la formulación y financiamiento de proyectos.

También se recopiló información para la elaboración de 15 Inventarios GEI cantonales, con sus respectivos planes de acción y estudios de prefactibilidad para su implementación. 

Además, 14 municipalidades se capacitaron en mejoras logísticas y operativas en la gestión de residuos sólidos, mientras que 12 empresas y 15 municipalidades fueron formadas en aspectos administrativos, operativos, regulatorios, tarifarios y de comercialización. En total, 133 personas participaron en procesos de intercambio de experiencias.

La protección de nuestros mares va más allá de solo limpiar las playas y prohibir la extracción de especies en peligro de extinción. Nuestro objetivo, y el de toda sociedad responsable, es lograr un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de los ecosistemas marinos. Desde hace más de tres décadas, hemos estado promoviendo políticas públicas para la actividad pesquera de manera sostenible.

Esta visión integral implica abordar no solo los problemas evidentes, sino también trabajar en medidas más profundas y efectivas. La sostenibilidad en la actividad pesquera requiere un compromiso sólido con la implementación de políticas que aborden la sobreexplotación, promuevan la pesca selectiva y adopten tecnologías respetuosas con el medio ambiente.