La norma técnica fue elaborada por la Corporación Ganadera, en coordinación con el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica y fue consultada a diferentes organizaciones nacionales afines al sector ganadero. 

Fue desarrollada bajo los enfoques de adaptación y mitigación al cambio climático, y contempla la evaluación de los aspectos más importantes en el manejo de los sistemas productivos, tales como trazabilidad, bioseguridad, sanidad animal, alimentación, bienestar animal, instalaciones, gestión ambiental y transporte. 

Incorpora además prácticas ganaderas sostenibles enfocadas en la conservación de suelos, el manejo integrado de pasturas y forrajes, arborización de las fincas ganaderas y la optimización del manejo de los recursos naturales en la finca. 

El Programa de Monitoreo Biológico Participativo (PMBP) se ejcutó en coordinación con el Programa Nacional de Monitoreo Ecológico del SINAC.

Se realizó en 18 comunidades con la participación de 364 personas, de las cuales 74 pertenecen a territorios indígenas.También se cuenta con participación de sociedad civil, agricultores beneficiarios del proyecto, centros de investigación y universidades entre otros. 

Los actores fueron organizados en brigadas para cada comunidad meta, recolectando y compartiendo información sobre el estado de la biodiversidad en los paisajes productivos ubicados en la zona de amortiguamiento a las áreas protegidas, así como conocimiento con respecto al monitoreo biológico y ecológico.

Desde las brigadas se fortalecen los procesos de educación ambiental, se genera información valiosa para la conservación de la biodiversidad de la región, se generan oportunidades para impulsar el turismo rural comunitario y se facilitan condiciones para la consolidación de una estrategia de gestión participativa del patrimonio natural entre el SINAC y las comunidades. 

Una vez que se realizaron los estudios de prefactibilidad, se brindó cooperación técnica financiera a 15 proyectos en todo el país, movilizando fondos de inversión tanto públicos como privados (recursos de contrapartida).

Se realizaron dos convocatorias para acceder a fondos no reembolsables, logrando desarrollar proyectos propuestos por 8 municipalidades con 3 consorcios, 1 concejo municipal, 2 empresas privadas, 2 organizaciones, 1 Asociación de Desarrollo Integral y 1 ASADA.

Se apoyó el fortalecimiento de capacidades de comunicación de gobiernos locales, brindando herramientas para una comunicación efectiva y con participación de las personas habitantes del cantón. 

Se elaboró un diagnóstico inicial para identificar retos compartidos entre diferentes gobiernos locales, donde resalta la ausencia de una estrategia que oriente las diferentes acciones de comunicación en gestión de residuos, lo cual reduce el impacto y retrasa el proceso de educación y sensibilización que se persigue.

Este proceso se construyó de forma mancomunada y participativa, logrando mejorar la comunicación y acercando a la población del cantón a soluciones sencillas para mejorar la gestión integral de residuos y la calidad de vida en sus comunidades.

Se elaboró también un Kit de Herramientas de Comunicación en Gestión Integral de Residuos, el cual tiene como objetivo apoyar a las municipalidades en su labor de comunicación, sensibilización y llamado a la acción dirigida a la ciudadanía de sus cantones, ya que la participación ciudadana es un elemento fundamental e imprescindible de una gestión integral de residuos sólidos efectiva.

Se fortalecieron las capacidades municipales en la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) a lo largo de la cadena de servicio de los residuos, para facilitar la implementación de proyectos de mejora enfocados en la reducción de emisiones GEI y que son apoyados por el Proyecto.

Se llevó a cabo un curso de Sostenibilidad en la GIRS, en el cual 15 gestores municipales fueron capacitados en temas clave como el análisis de ciclo de vida, economía circular, cadena de valor del reciclaje, alianzas público-privadas y la formulación y financiamiento de proyectos.

También se recopiló información para la elaboración de 15 Inventarios GEI cantonales, con sus respectivos planes de acción y estudios de prefactibilidad para su implementación. 

Además, 14 municipalidades se capacitaron en mejoras logísticas y operativas en la gestión de residuos sólidos, mientras que 12 empresas y 15 municipalidades fueron formadas en aspectos administrativos, operativos, regulatorios, tarifarios y de comercialización. En total, 133 personas participaron en procesos de intercambio de experiencias.

La protección de nuestros mares va más allá de solo limpiar las playas y prohibir la extracción de especies en peligro de extinción. Nuestro objetivo, y el de toda sociedad responsable, es lograr un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de los ecosistemas marinos. Desde hace más de tres décadas, hemos estado promoviendo políticas públicas para la actividad pesquera de manera sostenible.

Esta visión integral implica abordar no solo los problemas evidentes, sino también trabajar en medidas más profundas y efectivas. La sostenibilidad en la actividad pesquera requiere un compromiso sólido con la implementación de políticas que aborden la sobreexplotación, promuevan la pesca selectiva y adopten tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Grupo de trabajo efectivo para la toma de decisiones para el mejoramiento de la pesquería de Pulpo en beneficio de las familias de los pescadores a partir de que se realice una pesca responsable del Pulpo.

Por su naturaleza, las pesquerías en pequeña escala suelen contar con datos limitados, poco sistematizados y de escalas de tiempo cortas. Esta escasez de información representa un reto para conocer, por ejemplo, la interacción que tiene el arte de pesca con el ecosistema y su impacto en el hábitat; dicha información es fundamental en la implementación de un proyecto de mejora pesquera. Alrededor del mundo, se han desarrollado diferentes metodologías que permiten generar información sobre los impactos de la pesquería en el ecosistema; una de ellas, es la modelación a partir del programa Ecopath con Ecosim.             
La organización civil COBI utilizó esta herramienta incluyendo información generada por pescadoras y pescadores de nuestra comunidad (Punta Allen) mediante las bitácoras de pesca, así como información biológica y ecológica para las especies que habitan las zonas de pesca. Además, para robustecer el modelo se integró el conocimiento ecológico tradicional de nuestra comunidad mediante la aplicación de entrevistas, de las cuales se obtuvo información relevante sobre la alimentación de las especies, su distribución geográfica, temporada reproductiva, etc.

Se ha reconocido que los esfuerzos colectivos y/o grupos bien organizados con una visión común y objetivos alineados logran alcanzar mayores beneficios. Para impulsar y promover la sostenibilidad en las pesquerías se ha utilizado este mismo principio y añadiendo la participación multisectorial como eje central; teniendo así un grupo integrado por diversos sectores de la región trabajando de manera conjunta para tener una pesquería sostenible en toda la red de valor. En la pesquería de langosta, se ha conformado un grupo amplio de pescadoras y pescadores ejerciendo fuertes alianzas con instituciones de investigación (ECOSUR, Cinvestav, UNAM, SISIERRA, Universidad Marista), Organizaciones civiles (COBI), gobierno (INAPESCA, CONAPESCA y Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an) y la institución FAO para implementar diversas mejoras en la pesca (monitoreos pesqueros, definir puntos de referencia límite para la pesquería, establecimiento participativo de la talla mínima, intercambios entre cooperativas y comercializadores, generación de fondos de ahorro) y así tomar mejores decisiones. Estas relaciones de colaboración se han formalizado a través de diversos acuerdos y/o convenios que han permitido la relación entre instituciones y organizaciones pesqueras de acuerdo con las necesidades cambiantes de la pesquería.

El Acuerdo Específico de Uso y Manejo de los recursos hidrobiológicos y de la actividad de pesca en las ciénagas de Tumaradó firmado entre el PNN Los Katíos y el Consejo Comunitario Menor de Tumaradó el 24 de abril de 2012, se deriva de un previo acuerdo (denominado Acuerdo 001) que hubo entre el Parque  con las comunidades del bajo Atrato, las cuales decidieron conservar y dar buen uso a los recursos hidrobiológicos.

Ambos acuerdos surgen como parte de los resultados de un proyecto de cooperación internacional cuyos productos correspondía a la firma de 2 acuerdos enmarcados en la conservación con diferentes comunidades; uno de ellos, fue con la comunidad indígena de Juín Phubuur que fue un acuerdo de voluntades y el otro, fue el acuerdo de uso y manejo de Tumaradó.

Gracias al cumplimiento por parte de PNNC, a la constante comunicación y trabajo con las comunidades, así como a los beneficios recibidos en términos de nuevas experiencias, conocimientos y oportunidades, sirvieron para que la comunidad tuviese la confianza necesaria para llegar a un acuerdo que se ha logrado mantener durante los últimos 10 años.

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