Pescadores recolectando macroalgas (Lessonia trabeculata), que forman extensos bosques de algas en la Reserva Natural de San Fernando.
Derechos legales de uso de los recursos
Cuando se clasificó la Reserva Nacional, se dijo claramente que se respetarían los derechos de los pescadores a utilizar los recursos marinos de la zona protegida. Reconocer sus derechos desde el principio sentó las bases de una interacción positiva. Los acuerdos previos en Perú fueron clave para implantar un escenario similar en San Fernando, donde los derechos legales de uso de los recursos se asignaron a grupos de gestión local para llevar a cabo actividades de uso sostenible si los grupos se comprometían a prestar apoyo en la vigilancia y el cumplimiento de la ley. Además, la sólida organización de la Asociación de Pescadores fue vital para la designación de zonas específicas en las que cada grupo de pescadores está autorizado a recolectar macroalgas. Las decisiones tomadas previamente por la Asociación de Pescadores fueron legitimadas por la autoridad del área protegida. Hoy en día, los grupos de pescadores siguen recolectando macroalgas de las costas y son responsables de controlar las actividades ilegales. Esto ha dado lugar a un uso más sostenible de las macroalgas y otros recursos marinos de la zona.
La Asociación de Pescadores estaba bien organizada antes de que se creara la zona protegida. Esta fue una condición básica para que los pescadores definieran las zonas en las que cada grupo podría recolectar macroalgas e impedir que otros lo hicieran. Los datos técnicos del instituto nacional de investigación marina respaldaron el establecimiento de cuotas de recolección de macroalgas. Esta información científica redujo la posibilidad de conflictos entre funcionarios públicos y grupos de pescadores.
Involucrar al instituto nacional de investigación científica marina, percibido como una organización técnica y neutral, para fijar las cuotas de recolección de macroalgas redujo los conflictos entre los pescadores y la autoridad gubernamental del área protegida. Los pescadores locales pueden convertirse en un aliado vital para controlar el uso de los recursos naturales si se les asignan derechos de uso de un recurso específico. Los acuerdos deben ser vinculantes y establecer muy claramente las obligaciones y derechos a los que se comprometen tanto los grupos de pescadores como la autoridad del área protegida.