Las autoridades locales de conservación elaboraron una resolución administrativa para determinar la viabilidad técnica, social, jurídica y financiera de implantar áreas protegidas en los lugares de importancia para la conservación. La resolución considera la información procedente de estudios científicos y destaca la importancia de establecer un proceso participativo mediante la creación de un panel de diálogo multisectorial. Al mismo tiempo, la autoridad local creó un Comité de seguimiento con representantes institucionales de la autoridad nacional de gestión de áreas protegidas para legitimar el proceso y garantizar su documentación e institucionalización.