Para otorgar la responsabilidad de la gestión a una entidad local, fue necesario crear un nuevo marco legal. La Ordenanza Laponia es la única legislación que se aplica a un sitio del Patrimonio Mundial en Suecia. Permite que la Junta Administrativa del Condado y la Agencia de Protección Ambiental cedan responsabilidades a Laponiatjuottjudus. En casos normales, son los municipios o el Consejo de Administración Provincial los que administran un nuevo sitio del Patrimonio Mundial.

El Proceso de Laponia fue un enfoque de diálogo creado y desarrollado por una diversidad de partes interesadas en la propiedad del Patrimonio Mundial del Área de Laponia. Dado que Laponia es un área grande que consta de varias áreas protegidas, establecer un sistema de gestión coordinado en su conjunto ha sido un gran desafío desde su inscripción en la Lista. La Junta Administrativa del Condado de Norbotten y las comunidades y municipios sámi de Jokkmokk y Gällivare comenzaron a preparar sus programas de conservación de forma independiente. El Proceso de Laponia se inició por iniciativa del Gobernador de Norrbotten en 2005 incluyendo a todos los interesados ​​en un proceso de diálogo basado en un conjunto de valores comunes, que llevaría a las partes a ponerse de acuerdo en temas cruciales y los términos en los que el Área Laponia debería ser administrada. Se determinó que todas las decisiones se tomarían por consenso y se solicitaron nuevas regulaciones para los parques nacionales y reservas naturales. En 2006, las partes firmaron un acuerdo común que remitieron al Gobierno, que contenía:

• Un conjunto de valores básicos comunes
• Intenciones comunes para varios esfuerzos
• El establecimiento de una delegación temporal de Laponia
• Preparativos para el inicio de un grupo de gestión del Patrimonio Mundial con mayoría sámi en el comité.

Para promover una conectividad operativa entre las diversas subcuencas, incluyendo ecosistemas y prácticas productivas, se buscó un hilo conductor que vinculara la dinámica de los diversos territorios y actores de la parte alta y de la parte baja de cada cuenca. El modelado de la provisión superficial de agua y del potencial de retención de sedimentos en las diversas subcuencas permitió identificar las relaciones emisor-receptor-acumulación, y de ahí empezar a conectar las dinámicas entre las zonas que demanda los SE (ej, poblaciones, zonas turísticas y hoteleras) y aquellos que los producen (zonas montañosas con cobertura forestal). A partir de ello, se reunió a los diversos actores para enseñarles las características de los territorios donde estos dos servicios estaban presentes y, sobre todo fomentar, a través de la generación de información clave, a nivel productivo y de servicios hidrológicos, que los actores de gobierno y de asociaciones civiles, se vieran en el territorio y se preguntaran qué se hace, cómo se hace, y por qué.

Para la creación y desarrollo de los PAMIC, diversas instancias de gobierno pertenecientes al sector ambiental unieron esfuerzos y diseñaron un proyecto muy vanguardista e innovador que surge de la sincronía de tres instituciones de gobierno federal y de un fondo privado. El INECC coordina la construcción de los planes (PAMIC); la CONANP consolida la gestión y operación en ANPs, y la CONAFOR implementa el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) del fondo de biodiversidad. Por su parte, el FMCN contribuye con su experiencia en el manejo de esquemas de financiamiento; mediante dichos arreglos interinstitucionales, se formaron dos fondos más para detonar efectos. Además, el diseño de gobernanza y coordinación interinstitucional incluye un Comité Técnico del Proyecto que supervisa y dirige la operación del C6; una Unidad Coordinadora del Proyecto y dos Unidades Regionales de Proyecto, las cuales tienen la responsabilidad de la coordinación diaria en temas técnicos y logísticos. Este diseño de coordinación interinstitucional es parte esencial para generar mayores alcances en el ordenamiento del territorio buscando impactos colectivos.

Por su naturaleza, las pesquerías en pequeña escala suelen contar con datos limitados, poco sistematizados y de escalas de tiempo cortas. Esta escasez de información representa un reto para conocer, por ejemplo, la interacción que tiene el arte de pesca con el ecosistema y su impacto en el hábitat; dicha información es fundamental en la implementación de un proyecto de mejora pesquera. Alrededor del mundo, se han desarrollado diferentes metodologías que permiten generar información sobre los impactos de la pesquería en el ecosistema; una de ellas, es la modelación a partir del programa Ecopath con Ecosim.             
COBI utilizó esta herramienta incluyendo información generada por las pescadoras y los pescadores mediante las bitácoras de pesca, así como información biológica y ecológica para las especies que habitan las zonas de pesca. Además, para robustecer el modelo, se integró el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades pesqueras mediante la aplicación de entrevistas, de las cuales se obtuvo información relevante sobre la alimentación de las especies, su distribución geográfica, temporada reproductiva, etc.

Para lograr el éxito en la sostenibilidad de los recursos pesqueros, debe existir una participación activa de diversos actores (comunidades pesqueras, sector de gobierno, academia, organizaciones de la sociedad civil y el mercado). En 2018, COBI comenzó a monitorear los costos (económicos y en especie) asociados a la implementación y desarrollo de proyectos de mejora pesquera. A partir de este ejercicio, se documentó que generalmente al inicio de los proyectos, la filantropía realiza la mayor inversión económica a través de OSC, mientras que las comunidades pesqueras la realizan en especie (p.ej. poniendo a disposición sus embarcaciones para las actividades), y también otros actores participan (p. ej., instancias de gobierno o academia). El objetivo de la co-inversión comunitaria, es conseguir que, con el tiempo las comunidades pesqueras se organicen y comprometan para continuar solventando los gastos asociados a este tipo de proyectos, y lograr una mayor autonomía financiera. COBI y las comunidades pesqueras desarrollaron en conjunto una estrategia por escrito con un plazo a cinco años, en donde las comunidades se comprometen a mantener un porcentaje de aportaciones económicas gradual para lograr co-responsabilidad y manejar el proyecto por su cuenta.