Por último, esta solución ha incluido actividades de capacitación y reuniones de sensibilización en las 21 provincias y la capital desde 2022. Para el desarrollo de capacidades, se han impartido cursos de formación en línea y presenciales, y también se han organizado foros y talleres para debates más amplios. Las reuniones de sensibilización se han dirigido a responsables locales específicos y se han celebrado en persona.

El objetivo de estas actividades es dotar a los agentes locales de los conocimientos y capacidades necesarios para la gestión y presupuestación medioambientales en consonancia con el NRUF, mediante ejercicios de planificación, elaboración de informes de ejecución y seguimiento y evaluación de los presupuestos medioambientales locales. Las formaciones también se han centrado en la base de datos de presupuestos y gastos medioambientales, ayudando a los gobiernos locales a divulgar su información y mejorando la planificación y la toma de decisiones basadas en datos.

Además, BIOFIN del PNUD está trabajando con el gobierno de Mongolia en el desarrollo de una taxonomía de gastos, que proporcionará una categorización estandarizada de los gastos medioambientales, añadiendo claridad y coherencia a los informes presupuestarios.

BIOFIN y la Oficina Nacional de Auditoría de Mongolia evaluaron conjuntamente el nivel de aplicación de la NRUF y examinaron las lagunas institucionales y normativas que afectan a la aplicación de la ley. El examen reveló que la deficiente aplicación de la ley se debía a ambigüedades jurídicas, reglamentos incoherentes y una coordinación ineficaz entre los organismos gubernamentales. A raíz de este proceso, BIOFIN prestó asistencia técnica para elaborar una normativa revisada que abordara estas ambigüedades jurídicas.

Más allá de las mejoras normativas, un componente fundamental fue el refuerzo de la cooperación y la comunicación entre los organismos gubernamentales, para garantizar que el NRUF y su normativa revisada se entiendan y se apliquen eficazmente. Esto es especialmente importante porque los gobiernos locales son responsables de incorporar el NRUF, una ley nacional, en sus procesos presupuestarios. Para ello, el Ministerio de Finanzas (MdF) empezó a publicar circulares bianuales de convocatoria presupuestaria: instrucciones oficiales que explican los procedimientos para elaborar el presupuesto del siguiente ejercicio fiscal, ayudando a los gobiernos locales a incorporar los gastos en biodiversidad. El MdF también redobló sus esfuerzos para revisar y aprobar presupuestos dedicados a la protección del medio ambiente y la rehabilitación de los recursos naturales.

El Proyecto accede a las comunidades a través de canales institucionales formales y colabora con ellas para comprender mejor las necesidades locales, lo que sirve de base al diseño del plan de servicios. Aprovechan los recursos de la comunidad para llevar a cabo actividades de promoción y publicar avisos de servicios de reparación. La oferta de servicios abarca reparaciones domésticas como reformas de cocinas y baños, fontanería, electricidad, reparación de electrodomésticos, sustitución de cerraduras y pantallas, desatascos de tuberías, impermeabilización, así como instalaciones domésticas como instalación de electrodomésticos, grifos, iluminación e inodoros.

Para determinar con precisión el tamaño de la población y comprender la situación fundamental de la Cathaya argyrophylla en la reserva natural, se ha colocado en cada árbol una placa de identificación única y duradera. Cada placa contiene un número de serie único, el nombre de la especie(Cathaya argyrophylla), su nivel de protección y un código QR personalizado. Simultáneamente con el proceso de marcado, se realiza un "chequeo de salud" exhaustivo de cada árbol, registrándose todos los datos para establecer un "Dossier Individual". Los principales parámetros registrados son: número de serie, coordenadas de ubicación (latitud y longitud), altitud, altura del árbol, DAP (diámetro a la altura del pecho), anchura de la copa, vigor de crecimiento, aspecto de la pendiente, posición de la pendiente, estado de exposición del suelo, especies vegetales asociadas y presencia de plagas, enfermedades, daños mecánicos, ramas muertas u otras condiciones destacables.

Los fondos recaudados se utilizaron tanto para cubrir los costes de reforestación como para crear cientos de salarios y empleos verdes. Por un lado, Costa Rica aspira a alcanzar el 60% de cubierta forestal en 2030, y los plantones requieren cuidados continuos para garantizar que sobreviven y prosperan. Por otro, las condiciones socioeconómicas de las comunidades ya vulnerables de la región norte del país empeoraron con la pandemia del COVID-19.

#Footprints4ourFuture aborda estos dos retos de forma integrada. Cada árbol plantado va acompañado de un plan de mantenimiento de cinco años para garantizar su supervivencia. Este plan es aplicado por trabajadores locales que plantan y podan los árboles, mejorando las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables y proporcionando una fuente sostenible de ingresos más allá del periodo de la pandemia. Este enfoque también contribuye a sensibilizar a la población local y a promover la apropiación de los esfuerzos de reforestación por parte de la comunidad.

Los donantes pueden contribuir a la campaña a través de diferentes paquetes/importes: "Mi Huella" (un árbol por 15 USD), "Huella Familiar" (10 árboles por 150 USD), "Huella Pequeña Empresa" (100 árboles por 1.500 USD) y "Huella Corporativa" (1.000 árboles por 15.000 USD).

Estos paquetes pueden adquirirse en el sitio web de la campaña, que lanza una cuenta nacional para FUNBAM. También es posible contribuir haciendo directamente transferencias bancarias a una cuenta en dólares o colones costarricenses, o donar rápidamente utilizando SINPE Móvil, el sistema de transferencia instantánea de dinero móvil del país. Empresas y organizaciones, así como embajadas, realizaron la transferencia a través de esta modalidad en virtud de un acuerdo firmado con FUNBAM (el organismo ejecutor). Inicialmente, también era posible donar a través de la plataforma internacional del PNUD, que posteriormente se eliminó dado que las actividades de divulgación se centraban en el ámbito nacional.

Además, a través de una asociación con la ferretería corporativa Ferretería EPA, se invita a los clientes de siete tiendas físicas a donar su calderilla y su complemento para plantar un árbol, llegando así a aquellos que en un principio podrían no haber tenido conocimiento de la campaña.

Por último, para el paquete corporativo de 1.000 árboles, se organizaron reuniones con posibles empresas asociadas para fomentar la colaboración. Embajadas como las de España e Italia, entre otras, también recurrieron a esta modalidad.

Tras el desarrollo del marco legislativo y reglamentario para la emisión de bonos verdes, también fue necesario crear incentivos que aumentaran su atractivo tanto para los emisores como para los inversores. Con la defensa de BIOFIN y en estrecha colaboración con el Grupo de Trabajo, se establecieron dos incentivos clave.

En primer lugar, los inversores se benefician de una exención del 15% del impuesto de retención sobre los bonos verdes cotizados en una bolsa zambiana con un vencimiento de al menos tres años. Esta medida fomenta la inversión en proyectos con resultados medioambientales positivos y acelera la movilización de recursos. También motiva a los emisores potenciales, que pueden esperar una mayor demanda de los inversores y, en consecuencia, un mayor rendimiento de sus bonos.

En segundo lugar, la SEC introdujo una reducción del 50% en las tasas de registro de bonos verdes en Zambia. Al reducir los costes de emisión, esta medida refuerza aún más el atractivo del mercado para los emisores.

Desde 2018, BIOFIN del PNUD ha organizado varios talleres de desarrollo de capacidades y ha proporcionado apoyo para el desarrollo del mercado de bonos verdes en Zambia, colaborando con los principales reguladores del sector financiero. Estas actividades han sido fundamentales para la formulación de las Directrices y Normas de Cotización de Bonos Verdes, y también han incluido capacitaciones específicas para la SEC sobre la revisión y aprobación de solicitudes de bonos verdes.

A modo de ejemplo, en julio de 2025 se impartió a los miembros del Grupo de Trabajo y a otras partes interesadas clave (por ejemplo, agentes de inversión, asesores de transacciones, inversores institucionales, etc.) una serie de sesiones de capacitación para ampliar el mercado de emisiones de bonos verdes en Zambia. En las sesiones se trataron temas como los fundamentos de los bonos verdes, el proceso de estructuración y los requisitos de elegibilidad.

BIOFIN también ha proporcionado asistencia técnica a emisores de bonos verdes de alto potencial en Zambia. En 2024, se lanzó una convocatoria global para ofrecer orientación personalizada a cinco empresas u otros posibles emisores. Este apoyo incluye la redacción de marcos de bonos verdes, la identificación de carteras de proyectos elegibles, el enlace con bancos de inversión y la contratación de proveedores de dictámenes de segunda parte para la certificación. También ofrece servicios de asesoramiento sobre la adecuación de los bonos a las normas internacionales, la presentación de informes de impacto y el posicionamiento en el mercado.

El desarrollo de un mercado de bonos verdes en Zambia está anclado en las actividades del Grupo de Trabajo de Integración de las Finanzas Verdes, que reúne a reguladores financieros, organismos normativos, socios de desarrollo y otras instituciones clave con el objetivo de integrar las finanzas verdes en el panorama financiero de Zambia. Entre sus miembros figuran el Banco de Zambia, la SEC y la Autoridad de Pensiones y Seguros (PIA). Además, el Grupo de Trabajo cuenta con la participación estratégica del Ministerio de Economía Verde y Medio Ambiente, el Ministerio de Finanzas y Planificación Nacional, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Zambia y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Zambia.

La creación del Grupo de Trabajo proporcionó una plataforma regular para la colaboración entre organismos reguladores, agencias gubernamentales y expertos, fomentando un entorno propicio para el desarrollo y la aplicación efectiva de soluciones de financiación verde. Muchas de estas soluciones son de naturaleza multidisciplinar, desde los requisitos legales hasta los conocimientos técnicos, y potencialmente no podrían haberse desarrollado sin este esfuerzo de colaboración.

El desarrollo de la legislación y la normativa fue la base para establecer un mercado de bonos verdes en Zambia. Las Directrices de Bon os Verdes de 2019 son el principal resultado de este proceso y sirven como marco regulador habilitador para las emisiones de bonos verdes en el país. Se publicaron oficialmente y se desarrollaron en línea con los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), un protocolo voluntario para la emisión de bonos verdes.

Las Directrices cubren exhaustivamente los requisitos para la emisión de bonos verdes, incluida la contratación de un revisor externo independiente y la presentación de un marco detallado de bonos verdes a la Comisión del Mercado de Valores (SEC). Este marco debe explicar los criterios de selección de proyectos que se utilizarán, cómo se utilizarán los fondos, la gestión de los ingresos (los fondos obtenidos de la venta de los bonos) y cómo se lograrán los objetivos medioambientales. En conjunto, estos elementos promueven la transparencia, la responsabilidad y la confianza de los inversores.

Para complementar las Directrices, también se elaboraron las Normas de cotización de bonos verdes, que proporcionan una vía detallada para que los emisores puedan cotizar bonos verdes en la Bolsa de Valores de Lusaka (LuSE). También establecen procedimientos para evaluar las credenciales medioambientales de los bonos verdes e informar sobre sus impactos, contribuyendo a un mercado ordenado.