El manejo de un área protegida de más de 1.35 millones de hectáreas y la alta actividad humana en su zona de amortiguamiento (2.3 millones de hectáreas), han demandado la generación de herramientas de gestión innovadoras, enfocadas en la participación social. Es así que CIMA implementa un Modelo de Intervención conocido como FOCAL, el cual se está incorporando en otras AP del país, y que cuenta con herramientas como:

• Mapeo de Usos y Fortalezas(MUF): Reúne información socioeconómica de comunidades y centros poblados, sus necesidades y percepciones en cuanto al área, y uso de recursos naturales, para identificar organizaciones locales con las cuales se debe establecer alianzas para implementar acciones de conservación.
• Zonificación Participativa Comunal (ZPC): Guía el proceso de desarrollo de una zonificación ecológica económica a nivel nivel comunal para lograr la concertación de la población respecto a la utilización sostenible de su territorio y sus recursos naturales.
• Normas de Convivencia: Permiten alcanzar acuerdos a nivel del centro poblado o comunidad, definen códigos de comportamiento, y brindan estabilidad al proceso de planificación o a los Planes de Calidad de Vida que se elaboren posteriormente.

Si bien el PNCA contó con apoyo financiero durante el período 2008-2013, estas fuentes no son consideradas sostenibles a largo plazo, por lo que CIMA viene buscando mecanismos para mejorar la sostenibilidad financiera del parque. Uno de ellos fue diseñar el proyecto REDD+ Cordillera Azul, dentro del cual CIMA y The Field Museum of Chicago (como socio estratégico) desarrollaron un documento técnico para comprobar de qué manera el PNCAZ ha evitado la emisión de más de 1,6 millones de toneladas de CO2 al año por deforestación, y casi 13 millones de toneladas de CO2 durante el periodo 2008-2015. Por esto llegó a considerarse un megaproyecto REDD+, validado por estándares internacionales, como el Voluntary Carbon Standard (VCS), y el Climate, Community and Biodiversity Standards (CCB), los cuales buscan dar legitimidad y credibilidad, ante los mercados voluntarios, por medio de certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no emitidos. Gracias a estos certificados, el proyecto pudo obtener su registro en Markit, una herramienta para administrar internacionalmente los créditos globales de carbono, lo que dio paso a que CIMA trabaje en procesos de negociación de créditos de carbono en el ámbito internacional.

El marco regulatorio de las áreas protegidas en Perú propicia un enfoque de co-gestión y trabajo participativo, y permite la suscripción de Contratos de Administración entre el Estado peruano y organizaciones privadas sin fines de lucro, como un mecanismo efectivo de apoyo a la gestión. En este contexto, el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCA) tuvo, desde su creación, el apoyo técnico de la ONG Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales – Cordillera Azul (CIMA – Cordillera Azul). Años más tarde, en el 2008, el Estado firmó con CIMA un contrato de administración total de operaciones del Parque por un período de 20 años. En este marco se suscribió un Acuerdo de Desarrollo Global (GDA) entre la Agencia de los Estado Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Moore, la Fundación MacArthur, The Field Museum of Chicago y CIMA, para conjugar esfuerzos hacia la conservación del PNCAZ y contar con apoyo financiero durante el período 2008-2013. Esto permitió establecer una visión a largo plazo para la gestión adaptativa del PNCAZ, implementar un modelo de gestión participativa, y alcanzar mayor sostenibilidad financiera a través del apalancamiento de fondos para el PNCAZ.

El PN de Jaú representa una de las mayores extensiones de bosque húmedo tropical protegidas en el mundo, que protege gran parte de una cuenca hidrográfica de aguas negras. Por su importancia, esta AP fue priorizada por el Programa de Áreas Protegidas de la Amazonía (ARPA), un programa gubernamental de Brasil, creado en el año 2002, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, y gestionado por el Fondo Brasileño para la Biodiversidad (Funbio).

El programa ARPA cuenta con el financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), el gobierno alemán, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), el Fondo Amazonía, a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), la Fundación Moore y, actualmente, empresas privadas que son donantes del programa. Tiene una vigencia de 13 años, y su objetivo es expandir y fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la Amazonía en Brasil, mediante la protección de 60 millones de hectáreas de Unidades de Conservación en el bioma Amazónico; y asegurar la sostenibilidad de su gestión a corto y largo plazo. Se implementa en tres fases independiente y continuas. La primera entre 2003 y 2010, la segunda entre 2010 y 2015, y la tercera, con un plazo de 25 años.

A lo largo del proceso de creación de la Reserva Extractivista (RESEX) del río Unini, y en el marco del contrato de co-gestión del PN de Jaú, la Fundación Vitoria Amazónica (FVA) implementó metodologías innovadoras participativas de mapeo de uso de recursos naturales (RRNN) y ha venido invirtiendo en un proceso de fortalecimiento organizacional y de capacidades locales para el uso sostenible de los RRNN. Es de destacar  el desarrollo e implementación de una metodología para el monitoreo de uso de RRNN (SIMUR) en el río Unini. Esto sirvió de insumo para un proceso que se dio en el año 2008, posterior a la creación de la RESEX del río Unini, con el desarrollo e implementación de “Términos de Compromiso” con las comunidades del río Unini. Estos documentos representan acuerdos entre las 6 comunidades del PN de Jaú que viven en el río Unini y el Gobierno brasilero, con los objetivos de regularizar su permanencia dentro del Parque, y establecer un proceso de co-manejo entre la población local y la administración del Parque. Es así que la participación comunitaria en los procesos de toma de decisiones en las dos unidades de conservación (PN de Jaú y la RESEX del río Unini) fue y es fundamental para la gestión eficiente de ambas áreas.

La alta diversidad cultural y biológica de la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, entre  ellas la presencia de un complejo lacustre inundable, atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros cada año; sobretodo desde que el Gobierno promulgó el Decreto de Gratuidad para el ingreso a las áreas protegidas, a inicios del año 2012.

La inversión del Estado, acompañada de inversión privada y de cooperación internacional han servido para mejorar la planificación turística y la infraestructura de uso público en el Cuyabeno, de modo que se puede brindar un mejor servicio a los visitantes. Igualmente, esfuerzos relacionados entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Turismo, para regularizar y normar las actividades turísticas en áreas protegidas, así como acreditar a las operadoras de turismo, han permitido enfocar acciones para que se lleve a cabo buenas prácticas turísticas sostenibles.  A esto se suman los esfuerzos por propiciar la integración de comunidades en actividades de turismo sostenible. Todo esto ha promovido, en los últimos 15 años, un trabajo enfocado en el diseño e implementación de estándares para la gestión del turismo sostenible y generación de ingresos económicos para las comunidades locales.

En el año 2008 el Estado Ecuatoriano creó el Programa Socio Bosque (PSB), como un mecanismo de incentivos económicos dirigido a propietarios privados, campesinos y comunidades indígenas  que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de bosques y otros ecosistemas nativos.

En la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, gracias a los avances con respecto a los Convenios de Uso y Manejo de Recursos Naturales, firmados con las comunidades indígenas dentro del área, que permitieron delimitar sus territorios; y  a la entrega de escrituras individuales en la zona de influencia de la misma, las comunidades pudieron obtener sus títulos de propiedad, lo que es un para participar en el PSB. Es así que actualmente, en la Reserva existen alrededor de 86.000 ha que forman parte del PSB, lo que ha contribuido a la conservación de los relictos de bosque en su zona alta, así como de amplias áreas de bosques en su zona baja. Al mismo tiempo, se ha generado incentivos económicos para la implementación de proyectos productivos por parte de comunidades y propietarios individuales, asegurando la conservación del bosque. Esto ha sido clave para prevenir el riesgo de avance de la frontera agrícola  hacia el interior de la Reserva.

El desarrollo de un fondo permanente para cubrir costos de manejo de las áreas protegidas,   ha permitido a ciertas áreas protegidas estatales, como la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, contar con fondos anuales para sustentar sus principales actividades operativas. Este fondo se conoce con el nombre de Fondo de Áreas Protegidas (FAP), y corresponde a una iniciativa desarrollada en 1999 entre el Ministerio del Ambiente del Ecuador y el Fondo Ambiental Nacional, con el apoyo de la cooperación internacional, a fin de diversificar las fuentes de financiamiento para áreas naturales protegidas públicas, proporcionando recursos financieros estables en el largo plazo. Como antecedentes a esto, cabe mencionar que el Fondo Ambiental Nacional fue creado por el Estado Ecuatoriano en el año 1996, como “un mecanismo financiero independiente de los planes, programas, proyectos y cualquier actividad tendiente a la protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y el medio ambiente”. Este fondo, como una organización de derecho privado, capta, administra, asesora técnicamente y canaliza recursos financieros, sin participar directamente en la ejecución de campo.

El marco jurídico boliviano establece el derecho legítimo de los grupos de actores locales a decidir sobre la gestión del las AP y sus recursos naturales. En el PN Noel Kempff Mercado, desde 1996 se desarrolló un modelo de gobernanza a través de la conformación de un Comité de Gestión, que se fue consolidando de manera paulatina, y que acompaña la planificación, toma de decisiones y logros alcanzados como resultado del manejo del área. Los actores que lo conforman provienen del sector gubernamental a nivel nacional, departamental y municipal; así como del sector no gubernamental, con la participación de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) durante el tiempo de co-administración del Parque (1995-2005). También cuenta con representantes de las siete comunidades indígenas y la Central Indígena del Bajo Paraguá. Adicionalmente, desde el año 2013 participan, solo con derecho a voto, dos instituciones gubernamentales adicionales que tienen importancia para el resguardo de los límites del área y para apoyar el desarrollo del AP y sus comunidades vecinas. Desde que se conformó el Comité de Gestión hasta la actualidad, su función ha sido actuar como un órgano fuerte de gestión del área protegida que no ha cesado en sus reuniones.

El objetivo principal del componente de fortalecimiento de capacidades y conocimientos locales fue proporcionar conocimiento técnico para la gestión y conservación del agua, pastos naturales y ganado. Nos enfocamos en informar a los miembros de la comunidad y los guardaparques a través de talleres de evaluación y sesiones de capacitación sobre temas tales como cercado de pastos, gestión del agua y distribución de agua. Se desarrolló una maqueta de la comunidad de Miraflores de manera participativa para facilitar la planificación del manejo de los pastos y el agua en el territorio comunal. La información se recopiló durante diagnósticos rurales participativas. Estos diagnósticos incluyeron estudios específicos centrados en agua, pastos, arqueología, organización social, productividad agrícola y ganadera.