Gestión participativa de áreas marinas protegidas
Solución completa
Leones marinos surfeando en la Reserva Natural de San Fernando
Bruno Monteferri, Conservamos.org
Los pescadores locales de Marcona (Ica, Perú), que se benefician de los recursos marinos de la Ensenada de San Fernando, se involucraron en procesos participativos para crear y categorizar una Reserva Nacional. Los pescadores son socios activos en la gestión actual a través del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de San Fernando.
Última actualización: 24 Sep 2025
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Contexto
Défis à relever
Conflictos por el uso de los recursos naturales y escasa participación de la población local La falta de participación de la población local en la creación y gestión de áreas marinas protegidas provoca conflictos por el uso de los recursos naturales. Entre los factores que contribuyen a ello se encuentran los inadecuados esquemas de comunicación y diálogo entre las autoridades de gestión de las áreas marinas protegidas y los pescadores locales que utilizan los recursos naturales, en concreto las macroalgas.
Ubicación
Marcona, Perú
Sudamérica
Procesar
Resumen del proceso
La creación de un diálogo adecuado entre los grupos de pescadores y las autoridades del AP ha sido posible gracias a: i) el hecho de que los pescadores locales ya contaban con una Asociación fuerte, que ejercía un buen liderazgo y ii) que la participación ciudadana se considera una condición básica en la gestión de áreas protegidas en Perú. El hecho de que la Asociación de Pescadores desempeñara un papel importante como presidentes del Comité de Gestión dio legitimidad y reconocimiento a este grupo como parte interesada importante y, al mismo tiempo, ha permitido tomar decisiones más democráticas porque también deben tener en cuenta las opiniones y posiciones de otras partes interesadas. Hoy en día, la formalización de la cogestión a través del comité de gestión permite que la Asociación de Pescadores se sienta reconocida e implicada en las decisiones de gestión y proporciona un espacio para que la autoridad del área protegida lleve a cabo consultas y negociaciones teniendo en cuenta la diversidad de intereses que prevalecen en la zona. El reconocimiento de los derechos de recolección de macroalgas y la asignación de zonas de recolección a cada grupo, sobre la base de los acuerdos previos en el seno de la Asociación de Pescadores, fue clave para determinar los derechos y responsabilidades mutuos en el uso de los recursos marinos y las actividades de vigilancia y aplicación de la ley.
Bloques de construcción
Diálogo entre los grupos de pescadores y los responsables de las AMP
Cuando se decidió designar la región como Zona de Reserva, una Asociación de Pescadores reunió a 16 grupos pesqueros que llevaban décadas utilizando los recursos marinos de la zona. Para reducir los conflictos entre la población local y la autoridad del área protegida, se dejó claro que se respetarían los derechos preexistentes, como los de los pescadores. En el documento técnico presentado al gobierno para la declaración de la Zona Reservada, se indicaba claramente que los grupos organizados a través de la asociación de pescadores utilizaban históricamente los recursos marinos de la zona.
Durante el proceso de categorización de la Zona Reservada, el gobierno define la categoría final y la extensión del área protegida en función de los objetivos de conservación e impone restricciones de uso de los recursos naturales. En principio, es en este momento cuando hay que tener en cuenta la participación local, el diálogo y los datos científicos para decidir el futuro esquema de gestión del área protegida. Se celebraron varias reuniones con cada uno de los grupos de pescadores y su asociación para explicarles las distintas categorías de áreas protegidas que contempla el ordenamiento jurídico. Gracias al proceso participativo, San Fernando fue declarada Reserva Nacional y los pescadores locales se sintieron implicados y escuchados en el proceso.
Factores facilitadores
La visión y el compromiso de las personas que participaron y dirigieron el proceso de diálogo se mantuvieron constantes, lo que generó confianza en las relaciones entre los implicados. En caso de que cambien los responsables, hay que respetar los acuerdos previos y resulta especialmente importante tenerlos por escrito.
Lección aprendida
Los procesos de establecimiento, categorización y zonificación de la Zona Reservada de San Fernando demuestran que los procesos participativos llevan más tiempo, pero conducen a acuerdos más legítimos y respetados por quienes participaron en el proceso. Es importante registrar los acuerdos, levantando actas de las reuniones y, si es posible, de las posiciones de las distintas partes, para documentar la coherencia de las posturas de los distintos actores. Los debates y negociaciones sobre cuestiones complejas deben celebrarse en lugares adecuados. Una Asamblea General abierta al público es ideal para generar una sensación de apertura y difundir información general. Lo ideal es celebrar reuniones preparatorias antes de la Asamblea, con los representantes de las asociaciones para que dispongan de información previa y se conozcan sus posiciones. No cree expectativas que no puedan cumplirse. Sea transparente con la información.
Comité de gestión
La autoridad nacional inicia el proceso de creación de un comité de gestión del área protegida invitando a las partes interesadas locales. Se registran los miembros y la asamblea general elige un consejo y un presidente. El propio comité de gestión se convierte en un espacio de diálogo y permite debatir los problemas antes de que las tensiones se conviertan en conflictos. También facilita el apoyo de los interesados locales a la autoridad de gestión del área protegida para llevar a cabo actividades específicas. La Cofradía de Pescadores y los colectivos también son miembros del comité de gestión y participan activamente en la asamblea general. Un representante de la Asociación de Pescadores fue elegido Presidente del Comité de Gestión, lo que legitimó a la asociación como uno de los actores más poderosos y relevantes del área protegida. Esto hizo que las comunicaciones entre los pescadores y las autoridades gubernamentales fueran más fluidas y que las decisiones de gestión se tomaran basándose en procesos formales.
Factores facilitadores
El comité de gestión es un órgano legalmente establecido por la Ley Nacional de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento. La Autoridad Nacional de Áreas Protegidas promueve la creación de comités de gestión para todas las áreas protegidas como forma de crear un espacio de diálogo e implicar a las partes interesadas locales en las decisiones de gestión.
Lección aprendida
La creación del comité de gestión dio a los pescadores la confianza de que dispondrían de un espacio formal para hacer oír su voz. También fue un espacio para resolver tensiones y escuchar otras perspectivas. Al asumir la presidencia del Comité de Gestión, la Cofradía de Pescadores adquirió poder, pero al mismo tiempo tuvo que considerar opiniones y decisiones que podían ser contrarias a las suyas. Por lo tanto, se alcanzaron decisiones más democráticas.
Derechos legales de uso de los recursos
Cuando se clasificó la Reserva Nacional, se dijo claramente que se respetarían los derechos de los pescadores a utilizar los recursos marinos de la zona protegida. Reconocer sus derechos desde el principio sentó las bases de una interacción positiva. Los acuerdos previos en Perú fueron clave para implantar un escenario similar en San Fernando, donde los derechos legales de uso de los recursos se asignaron a grupos de gestión local para llevar a cabo actividades de uso sostenible si los grupos se comprometían a prestar apoyo en la vigilancia y el cumplimiento de la ley. Además, la sólida organización de la Asociación de Pescadores fue vital para la designación de zonas específicas en las que cada grupo de pescadores está autorizado a recolectar macroalgas. Las decisiones tomadas previamente por la Asociación de Pescadores fueron legitimadas por la autoridad del área protegida. Hoy en día, los grupos de pescadores siguen recolectando macroalgas de las costas y son responsables de controlar las actividades ilegales. Esto ha dado lugar a un uso más sostenible de las macroalgas y otros recursos marinos de la zona.
Factores facilitadores
La Asociación de Pescadores estaba bien organizada antes de que se creara la zona protegida. Esta fue una condición básica para que los pescadores definieran las zonas en las que cada grupo podría recolectar macroalgas e impedir que otros lo hicieran. Los datos técnicos del instituto nacional de investigación marina respaldaron el establecimiento de cuotas de recolección de macroalgas. Esta información científica redujo la posibilidad de conflictos entre funcionarios públicos y grupos de pescadores.
Lección aprendida
Involucrar al instituto nacional de investigación científica marina, percibido como una organización técnica y neutral, para fijar las cuotas de recolección de macroalgas redujo los conflictos entre los pescadores y la autoridad gubernamental del área protegida. Los pescadores locales pueden convertirse en un aliado vital para controlar el uso de los recursos naturales si se les asignan derechos de uso de un recurso específico. Los acuerdos deben ser vinculantes y establecer muy claramente las obligaciones y derechos a los que se comprometen tanto los grupos de pescadores como la autoridad del área protegida.
Impactos
Se respetan los derechos de pesca tradicionales para evitar la tragedia de los comunes. Cuando se creó la Zona Reservada de San Fernando, se produjo un aumento de la explotación de las macroalgas marinas. En el siguiente proceso para clasificar la Zona Reservada como Reserva Nacional, se implicó a los pescadores locales y se reconoció que los ingresos que generan con la recolección de recursos son importantes para su subsistencia. Esto condujo a la asignación de derechos de uso de los recursos, y también garantizó que los pescadores contribuyeran al control y la vigilancia. La cogestión ayudó a frenar la migración de más personas de las tierras altas en busca de beneficios económicos derivados del uso de las macroalgas, que antes se desplazaban a la costa cuando la recolección no estaba controlada por las autoridades.
Se han reducido los conflictos a nivel local. La creación de un Comité de Gestión, que reúne a las distintas asociaciones de pescadores y otras partes interesadas, permite incluir diferentes perspectivas en los diálogos de gestión.
Así se evita que las tensiones se vuelvan incontrolables y se crea un canal de comunicación formal sobre el AMP. Esto ayudó a zonificar los usos permitidos y no permitidos en el AMP, como se documenta en el plan de gestión del AMP.
Beneficiarios
pescadores comunitarios, autoridades de gestión de zonas protegidas y poblaciones locales
Historia
La Zona Reservada de San Fernando es uno de los paisajes más pintorescos de Perú, que protege el hábitat del cóndor andino, el pingüino de Humboldt y el guanaco, conformando un corredor especial de conservación que une la costa con los Andes. Las investigaciones realizadas por un equipo del Museo de Historia Natural de Ciencias Naturales de la Universidad de San Marcos dieron como resultado el descubrimiento de especies hasta entonces desconocidas. Basándose en estos estudios técnicos, la zona de San Fernando fue propuesta para su designación como Reserva Nacional por una comisión gubernamental, ya que esta categoría permite el uso sostenible de los recursos naturales. Esto era especialmente importante para reconocer los derechos de los pescadores y también porque, desde 2008, San Fernando es una zona clave para la recolección de macroalgas. Muchos pescadores locales han empezado a centrar sus actividades en la recolección de macroalgas, ya que sus precios han aumentado considerablemente como consecuencia del incremento de la demanda de la industria del alginato. Los pescadores locales se mostraron inicialmente contrarios a esta declaración porque pensaban que se les prohibiría el acceso y la pesca en la Reserva Nacional, basándose en experiencias anteriores. Los precedentes incluyen la Reserva de Punta San Juan, un cabo que pertenece al Sistema de Islas Guano, y la Reserva Nacional de Cabos, protegida desde hace más de un siglo y donde no se permite la pesca.
Gracias a que el proceso de categorización de las reservas se llevó a cabo de forma participativa, los responsables de las áreas protegidas nacionales tuvieron la oportunidad de aclarar que se respetarían las actividades actuales de uso de recursos en San Fernando. Se asignaron Zonas de Uso de Recursos y el Sindicato de Pescadores definió qué colectivos utilizarían y cuidarían cada una de las áreas.
Hoy en día, los pescadores forman parte del Comité de Gestión y, aunque no todo es ideal y siguen existiendo tensiones, ahora hay una forma de tratar los problemas a través del diálogo. Poco a poco, los pescadores empiezan a mirar las zonas naturales protegidas con otros ojos. Consideran que es una oportunidad para regular la zona y que no se trata sólo de cinco millas marinas en las que no hay normas. Son ellos mismos los que frenan la migración desde la sierra peruana y las consiguientes actividades incontroladas e ilegales de recolección de macroalgas marinas, al definir un área en la que cada colectivo depende económicamente de los recursos marinos, garantizando así que la zona mantenga su productividad.
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Bruno Monteferri
Conservamos por Naturaleza, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
