El objetivo de implementar viveros de plantas nativas es promover las plantaciones forestales en macizos y/o la agroforestería, que contribuyan a la captura de carbono, no degraden el suelo y no consuman mucha agua como sucede con el eucalipto o el pino. Esto contribuirá a la regulación hídrica y protege al suelo de la erosión. A su vez, estas especies tienen un valor económico y son de uso práctico para la comunidad, por ser una fuente importante de madera para carpintería, construcción, leña y carbón, además de ser melíferas (utilizadas por las abejas para producir miel), medicinales (curan diversas enfermedades, tales como digestivas, respiratorias, renales, etc.) y útiles para teñir tejidos (dan diferentes coloraciones). Adicionalmente, los bosques de Polylepis están en peligro de extinción y, actualmente, forman relictos de bosques a modo de parches. Así, la comunidad siembra para producir árboles y arbustos; conoce y practica un buen manejo de ellos, y valora la importancia de los árboles y arbustos nativos de la Jalca. El proceso va desde la recolección de material vegetativo para la propagación hasta la plantación de los plantones producidos en los sitios seleccionados. Se implementan uniendo el conocimiento tradicional al técnico y con trabajos comunales como mingas.

El Plan de Manejo Participativo de la Jalca (PMP) es un documento construido participativamente con sus líderes, autoridades y comuneros, donde se establece el marco programático y de acción para alcanzar los objetivos de manejo a corto, mediano y largo plazo (10 años). El PMP plasma las principales necesidades de las comunidades en función de las amenazas, analizadas con las comunidades para juntos minimizar estas amenazas. En su elaboración se buscó la participación activa tanto de hombres como de mujeres, así como de personas de todas las generaciones de la comunidad. El plan consta de 5 componentes que permiten planificar, en un análisis colectivo, las acciones para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y el agua. Estos componentes tomaron en cuenta los problemas y amenazas socioambientales identificados en el diagnóstico socioecológico y en la priorización de amenazas realizados para esta microcuenca entre las cuales se incluye tanto las presiones antrópicas locales como los efectos adversos del cambio climático. Su fin es promover un proceso de cambio social, gestión e implementación de alternativas sostenibles para la conservación de la Jalca. El PMP se torna en un instrumento dinámico de gestión y manejo sostenible de la Jalca a nivel comunal.

La Investigación Acción Participativa (IAP) hace referencia a la investigación basada en tres pilares: (i) Investigación: creencia en el valor y el poder del conocimiento y el respeto hacia sus distintas expresiones y maneras de producirlo; (ii) Participación: enfatizando los valores democráticos y el derecho a que las personas controlen sus propias situaciones y destacando la importancia de una relación horizontal entre la comunidad involucrada y organizaciones externas; y (iii) Acción: un cambio que mejore la situación de la comunidad. Más que la metodología o las técnicas utilizadas, lo que distinguen a la IAP de otras maneras de hacer investigación son el compromiso con el cambio social y la búsqueda expresa de colaborar con el empoderamiento de grupos vulnerables para que decidan y gestionen su propio cambio. El CIAL, con apoyo del Instituto de Montaña y la Universidad Nacional de Ancash Santiago Antúnez de Mayolo, llevó a cabo una IAP en calidad de agua entre 2010 y 2013 que incluyó diálogo de saberes entre investigadores locales y especialistas externos, entrenamiento para medir la calidad del agua con equipos de campo que evalúan los parámetros (PH, conductividad, acidez, oxígeno disuelto y otros) y la identificación e implementación de la solución de biorremediación.

Un factor esencial en la integración de aspectos clave del cambio climático y biodiversidad en la planificación territorial a nivel municipal fue el fortalecimiento de capacidades locales en materia de ordenamiento territorial, servicios ecosistémicos y adaptación al cambio climático. Esto se dio a nivel de las administraciones municipales, personal de Parques Naturales Nacionales de Colombia y de áreas protegidas, y de comunidades locales. Igualmente importante fue la gestión del conocimiento para contar con insumos que faciliten la elaboración de propuestas de política pública en esta temática. Tal es el caso de la elaboración de diagnósticos de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial en los dos municipios, para analizar el grado de inclusión de AP y generar recomendaciones para una mayor integración; la realización de diagnósticos e identificación de servicios ecosistémicos, para visibilizar la importancia de las AP en el desarrollo territorial y en la calidad de vida de la población circundante; así como para  la identificación de riesgos asociados al cambio climático y estrategias de adaptación, desde las experiencias locales, a fin de contribuir a la resiliencia de los ecosistemas en el contexto del ordenamiento territorial.

En cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional del Sistema de Parques Nacionales y el Plan de Acción del SNAP, Parques inicio el proceso de integración de AP a instrumentos técnicos y de política pública nacional, regional y local. Con la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de Colombia por el Congreso de la República, y la creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), conformada por 7 instituciones, entre ellas el Departamento Nacional de Planeación, que ejerce la Secretaria Técnica, se inició el proceso de conformación del Comité Especial Interinstitucional (CEI) de la COT. Parques Nacionales fue incluido como una de las 6 instituciones invitadas permanentes en el CEI, debido a sus gestiones en política pública, elaboración de documentos técnicos, y desarrollo de 8 casos piloto en diferentes regiones del país, con lo que se pretende aportar insumos para la formulación de la Política General de Ordenamiento Territorial, desde un enfoque multinivel, interinstitucional y participativo. UICN-América del Sur propone ser parte de este proceso nacional, con el apoyo a la implementación de 2 de los casos piloto, por medio del  proyecto global “Planificación de Ordenamiento Territorial Integrado para la Biodiversidad”.  

Con la creación del Parque Nacional Natural - Resguardo Indígena Yaigojé Apaporis nació una nueva forma de relacionamiento entre pueblos indígenas y Estado colombiano. Fue necesario buscar mecanismos para asegurar la gobernabilidad y la conservación integral de sus sistemas de vida, sin interferir los derechos de dichos pueblos a su autonomía territorial ni al manejo cultural que tradicionalmente han efectuado. Una vez creado el Parque, se inició el proceso de formulación de su Régimen Especial de Manejo (REM), por medio del cual se genera la administración conjunta entre Parque Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y la Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Apaporis (ACIYA). Para establecer el REM, se requirió una metodología de investigación propia o endógena, propuesta por los mismos pueblos indígenas, y apoyada por la experiencia de la Fundación GAIA Amazonas. Esta metodología se basó en lineamientos emitidos en un Congreso Indígena amazónico, donde se identificaron todos los temas que serían recopilados en cada uno de los pueblos indígenas, para guiar la elaboración del REM. De este modo se promovió la participación de las comunidades con tres representantes indígenas y un shamán.

En 1988 se creó el Resguardo Indígena Yaigojé Apaporis por solicitud de los pueblos indígenas Tanimuca, Yucana, Letuama, Matapí, Cabayari, Macuna, Barazano y Yujup-Macú. Posteriormente, en el 2008, mediante consenso en asamblea extraordinaria de las Autoridades Tradicionales y los Capitanes Indígenas (ATCI), estos pueblos decidieron solicitar la creación de un Parque Nacional superpuesto con los límites del Resguardo Indígena, considerando que esto eliminaría el desarrollo de actividades mineras y de explotación que pusieran en riesgo la biodiversidad y sus sitios sagrados, y por lo tanto, sus usos y costumbres, composición social y entorno ambiental.

La creación del Parque Nacional Natural – Resguardo Indígena Yaigojé Apaporis tiene un largo proceso de trabajo con la Fundación GAIA Amazonas, la cual contó con el apoyo técnico y  financiero de la Fundación Gordon y Betty Moore. La decisión de pasar a un Régimen Especial de Manejo (REM) debía tener pleno respaldo local, asegurar la autonomía de los pueblos indígenas y fortalecer sus sistemas tradicionales; además, era necesario que los pueblos indígenas cuenten con facultades de negociación y coordinación para poder establecer acuerdo con el Estado.

La Ley del Sistema Nacional de Unidades de Conservación, publicada en julio del 2000, estableció el Enfoque de Mosaicos de Conservación. Los mosaicos son “un conjunto de Unidades de Conservación (UC) de categorías diferentes o no, próximos, yuxtapuestas o superpuestas, y otras AP, públicas o privadas”, cuya gestión debe realizarse de manera integrada, de acuerdo a los objetivos de cada UC.

Ante el desafío de manejar los conflictos socio-ambientales y optimizar los recursos humanos, financieros y materiales, el 2010 se estableció el Mosaico de Conservación Bajo Río Negro, con una superficie de 7.329.220 hectáreas, conformado por 11 UC, entre ellas el PN de Jaú y la RESEX del Río Unini.

La implementación de este enfoque prioriza los procesos de conservación en porciones mayores de territorio, lo que permite la gestión integral de paisajes localizados a lo largo de los ríos Jaú y Unini, al norte, y el Bajo Negro al sur del mosaico. Al ver a las AP como partes de un todo, funcionales y conectadas entre sí, fue necesario incorporar en el diseño de los planes de manejo una metodología participativa, que promoviera el involucramiento de múltiples actores en la toma de decisiones para el manejo del territorio y sus recursos naturales.

En el año 1979, el área donde se ubica el Parque Nacional de Jaú fue propuesta como Reserva Biológica; una categoría de manejo restrictiva respecto a la explotación de recursos naturales (RRNN) en Brasil. Posteriormente, en el año 1980 se crea el PN de Jaú, y desde entonces tiene el reto de manejar la alta conflictividad socio-ambiental de la zona.

La Fundación Vitoria Amazónica (FVA), con presencia en el área desde 1991, aplicó metodologías innovadoras participativas de mapeo de uso de RRNN, lo que apoyó el desarrollo de su Plan de Manejo y zonificación, entre 1996 y 1998, en el marco de un contrato de co-gestión del Parque con el Gobierno Federal de Brasil. Años más tarde, se crea en Brasil el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC), y se desarrollan herramientas para la construcción de procesos participativos. Es así que la FVA, como institución de colaboración técnica del Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), apoyó a las comunidades locales en la creación de la Reserva Extractivista (RESEX) del río Unini, en un proceso que continuó hasta el año 2006, para garantizar el acceso a recursos naturales y tenencia del territorio por parte de las poblaciones del río Jaú y Unini.

Una iniciativa de integración fronteriza Amazónica, conocida como Programa Trinacional, promovida por los administradores de tres áreas protegidas (Parque Nacional Natural La Paya, Colombia; Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, Ecuador; y Parque Nacional Güeppí, Perú) permitió optimizar su efectividad del manejo bajo un modelo de gestión regional coordinada.

La iniciativa nace desde el año 2005, producto de espacios de diálogo entre representantes de estas área. Esta iniciativa se consolida en el 2006 con el Programa Trinacional, y se ha ido fortaleciendo en el tiempo. La primera decisión de apoyo financiero buscó establecer un convenio entre los Fondos Ambientales de los tres países. Posteriormente se consiguió apoyo financiero a través de varios proyectos que cubren líneas prioritarias, como gestión de área y zonas de influencia, participación social, fortalecimiento de capacidades institucionales, y fortalecimiento del corredor de conservación.

De esta manera, los Gobiernos de los tres países se unieron para buscar mecanismos operativos, técnicos y financieros que permitan la conservación y el desarrollo sostenible de este corredor, con la aspiración de constituirse en una experiencia piloto de gestión transfronteriza.