Las autoridades locales de conservación elaboraron una resolución administrativa para determinar la viabilidad técnica, social, jurídica y financiera de implantar áreas protegidas en los lugares de importancia para la conservación. La resolución considera la información procedente de estudios científicos y destaca la importancia de establecer un proceso participativo mediante la creación de un panel de diálogo multisectorial. Al mismo tiempo, la autoridad local creó un Comité de seguimiento con representantes institucionales de la autoridad nacional de gestión de áreas protegidas para legitimar el proceso y garantizar su documentación e institucionalización.

El estudio científico identifica las zonas costeras y marinas de Costa Rica especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático. El análisis de vulnerabilidad combinó tres factores: exposición, impactos potenciales y capacidad de adaptación de las comunidades para responder a estos impactos. A través de estos tres factores se evaluaron las amenazas climáticas del aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura atmosférica y los cambios en los patrones de precipitación para identificar la vulnerabilidad. El análisis apoya la priorización de las acciones de adaptación al cambio climático para las áreas protegidas y los distritos de las comunidades locales. Estas acciones incluyen la recuperación de hábitats clave como bosques ribereños, manglares, terrazas de playa y la reubicación de senderos turísticos cerca de la playa dentro de las áreas protegidas.

Tres estudios científicos aportan información técnica para identificar las zonas que deben incluirse en el sistema nacional de áreas protegidas. La evaluación de las ecorregiones marinas en Mesoamérica fue el primer paso para lograr una agenda de conservación de la biodiversidad marina y costera a nivel regional. Para cumplir con las metas establecidas para el nivel ecorregional, se identificaron brechas de representatividad e integridad para la biodiversidad marina y costera de Costa Rica a través de una comparación del sistema nacional de áreas marinas protegidas con los sitios de importancia para la conservación identificados durante la evaluación. Los sitios nacionales de importancia para la conservación fueron priorizados en el análisis de brechas. Se realizaron evaluaciones técnicas adicionales para profundizar en el estado de conservación a nivel de los sitios locales. Esta información científica ayudó a elaborar consideraciones sobre las prioridades a nivel local y los usos reales y potenciales junto con los conflictos de uso.

El administrador del fondo, la ONG FUNDECODES, y otros intermediarios promueven las CCU entre los inversores, que las compran a un plazo mínimo de diez años. Los rendimientos de las CCU se distribuyen para su uso en las distintas zonas del área del proyecto: 40% para actividades de conservación en la zona núcleo, 40% para actividades de producción sostenible en la zona de amortiguación comercial y 20% para los propietarios de las tierras generadoras de crédito.

Se realiza una evaluación guiada de las zonas forestales aptas para la venta de unidades de crédito para la conservación (CCU) en la región prevista con el Estándar Mundial de Conservación (GCS). La elaboración de un plan maestro esboza el área del proyecto y su potencial para vender CCU (basándose en los criterios de la CIPF). Todas las intervenciones se definen mediante una planificación participativa (cálculo generación de créditos, beneficiarios, comercialización). Una vez aceptado el masterplan por la GCS, se realiza el registro internacional en Markit.

El Estándar Global de Conservación (GCS) certifica los servicios ecosistémicos en zonas forestales/protegidas de propiedad pública y privada para la compensación y comercialización de carbono. Los fondos generados con la venta de unidades de crédito para la conservación (CCU) de la zona forestal se invierten en la conservación y el fomento de la producción sostenible en la zona del proyecto, que se divide en una zona de conservación y otra de amortiguación con actividad comercial.

Las estrategias específicas para cada cuenca se identifican en un Plan de Acción de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, que es adaptativo y evoluciona a partir de una base científica. El Plan de Acción, elaborado conjuntamente por las partes interesadas locales, permitirá que las cuencas hidrográficas prioritarias recuperen su funcionalidad y proporcionen mejores servicios ecosistémicos, como agua limpia para mantener sanos los manglares que aportan beneficios para la adaptación al clima.

La solución se financia mediante una combinación de fondos extinguibles y fondos de dotación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), y fondos de contrapartida de otros donantes y financiación pública. Los fondos de dotación del FMAM proporcionan financiación a largo plazo para abordar las necesidades de conservación dentro de las cuencas costeras y se dedican parcialmente al funcionamiento básico de las áreas protegidas. Los fondos extinguibles públicos de los programas de la CONAFOR y los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos aumentan la conectividad de las cuencas. Las subvenciones financian proyectos de gestión forestal sostenible y agroecología. El Plan de Acción Integral de Cuencas Hidrográficas ayudará a alinear estas inversiones públicas y privadas a nivel de paisaje.

Tres organismos federales mexicanos y una organización privada aúnan esfuerzos para la conservación de cuencas hidrográficas prioritarias. Esto se formaliza mediante una carta de intenciones de colaboración en la que se establece el objetivo común por el que todos trabajan.

Se forma un comité técnico con representantes de todas las instituciones que toma las decisiones. Se reúne cada dos meses y apoya la ejecución del proyecto. Se crea una plataforma participativa a nivel local en cada una de las regiones, que permite a los interesados locales de distintos sectores reunirse y decidir qué actividades promover en las cuencas hidrográficas.