El proyecto diseñó una plantilla de Planificación de un Desarrollo Verde y Resiliente para su uso en las aldeas, y propuso un modelo para ampliar la planificación local con el fin de integrar los ecosistemas y las catástrofes a nivel de paisaje. Se llevaron a cabo evaluaciones de cartografía comunitaria, modelización SIG y teledetección para comprender mejor los cambios actuales e históricos en el riesgo de catástrofes, la salud de los ecosistemas y el uso del suelo, teniendo en cuenta el cambio climático. También se llevó a cabo una evaluación de la visión con la comunidad local para comprender mejor las necesidades de desarrollo de la comunidad.

En la plantilla, el proceso de planificación comienza con un examen exhaustivo de las condiciones físicas, sociales, culturales, religiosas y socioeconómicas existentes, así como con la identificación y localización de los principales peligros y zonas propensas a las catástrofes mediante consultas a la comunidad, visitas sobre el terreno y conocimientos de expertos locales. Una vez recopilada la información, se anima a las comunidades a debatir e identificar las prioridades de desarrollo local con respecto a los medios de subsistencia, el desarrollo del pueblo, la prevención de catástrofes y la mejora de la resiliencia de la comunidad. El plan final consiste en un mapa del desarrollo de la aldea, acompañado de un breve informe en el que se explican las conclusiones, los objetivos de desarrollo y las estrategias.

Para que el producto final tenga valor práctico, el modelo debe i) alojarse en un lugar conveniente y propicio para la planificación del uso del suelo, ii) alojarse en un lugar libre de elementos ambientales (lluvia, viento, agua salada, etc.), iii) ser visible por los organismos de planificación comunitarios/estatales, iv) revisarse periódicamente para incorporar la información espacial a los ejercicios de planificación en curso.

Cuando la extracción comercial del pez león no es práctica o no está permitida (como en las zonas protegidas), o si la presión pesquera actual no es suficiente para suprimir las poblaciones de pez león por debajo de los objetivos de gestión específicos del lugar, se puede recurrir a una combinación de métodos de extracción alternativos para reducir las poblaciones de pez león, entre los que se incluyen:

• sacrificio mediante buceo, ya sea por parte de los gestores de las zonas protegidas o de los operadores de buceo

• competiciones de sacrificio del pez león (también conocidas como derbis o torneos)

• las trampas de aguas profundas, aún en fase de diseño, pueden utilizarse como herramienta dentro de un paquete de medidas de gestión del pez león.

Es posible que varias partes interesadas tengan que llevar a cabo una o varias de estas actividades en un lugar determinado para alcanzar el nivel deseado de supresión del pez león.

Para establecer un mercado comercial del pez león, es importante comprender las percepciones de las partes interesadas (en particular, los pescadores y los propietarios de restaurantes) y del público en general con respecto a la captura y el consumo del pez león. Por ejemplo, en una encuesta realizada al público en general en Belice en 2015, alrededor de la mitad de los encuestados que no habían comido pez león afirmaron que no probarían una muestra gratuita porque creían que era peligroso. Además, la explotación del pez león se asoció significativamente con el conocimiento sobre la invasión.

Una vez identificados los obstáculos y los conceptos erróneos en torno a la captura/comida del pez león, pueden resolverse mediante la elaboración de un programa de divulgación específico con el público en general y una campaña de marketing social dirigida a restaurantes y consumidores que informe a la gente sobre la invasión del pez león de una manera que refleje las preocupaciones y los valores locales.

Las actividades pueden incluir

• demostraciones culinarias
• presentaciones educativas
• degustaciones de pez león (en colaboración con restaurantes y cocineros locales)
• talleres de manipulación segura
• puestos interactivos y educativos con degustadores de pez león

Con la creación del Parque Nacional Natural - Resguardo Indígena Yaigojé Apaporis nació una nueva forma de relacionamiento entre pueblos indígenas y Estado colombiano. Fue necesario buscar mecanismos para asegurar la gobernabilidad y la conservación integral de sus sistemas de vida, sin interferir los derechos de dichos pueblos a su autonomía territorial ni al manejo cultural que tradicionalmente han efectuado. Una vez creado el Parque, se inició el proceso de formulación de su Régimen Especial de Manejo (REM), por medio del cual se genera la administración conjunta entre Parque Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y la Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Apaporis (ACIYA). Para establecer el REM, se requirió una metodología de investigación propia o endógena, propuesta por los mismos pueblos indígenas, y apoyada por la experiencia de la Fundación GAIA Amazonas. Esta metodología se basó en lineamientos emitidos en un Congreso Indígena amazónico, donde se identificaron todos los temas que serían recopilados en cada uno de los pueblos indígenas, para guiar la elaboración del REM. De este modo se promovió la participación de las comunidades con tres representantes indígenas y un shamán.

En 1988 se creó el Resguardo Indígena Yaigojé Apaporis por solicitud de los pueblos indígenas Tanimuca, Yucana, Letuama, Matapí, Cabayari, Macuna, Barazano y Yujup-Macú. Posteriormente, en el 2008, mediante consenso en asamblea extraordinaria de las Autoridades Tradicionales y los Capitanes Indígenas (ATCI), estos pueblos decidieron solicitar la creación de un Parque Nacional superpuesto con los límites del Resguardo Indígena, considerando que esto eliminaría el desarrollo de actividades mineras y de explotación que pusieran en riesgo la biodiversidad y sus sitios sagrados, y por lo tanto, sus usos y costumbres, composición social y entorno ambiental.

La creación del Parque Nacional Natural – Resguardo Indígena Yaigojé Apaporis tiene un largo proceso de trabajo con la Fundación GAIA Amazonas, la cual contó con el apoyo técnico y  financiero de la Fundación Gordon y Betty Moore. La decisión de pasar a un Régimen Especial de Manejo (REM) debía tener pleno respaldo local, asegurar la autonomía de los pueblos indígenas y fortalecer sus sistemas tradicionales; además, era necesario que los pueblos indígenas cuenten con facultades de negociación y coordinación para poder establecer acuerdo con el Estado.

La conservación participativa es un principio por el cual parte la estrategia de protección y conservación que se aplica en el PNCAZ, pues uno de los retos es cumplir con un efectivo control y vigilancia del AP, con sólo 45 guardaparques, para una extensión de más de 1.35 millones de hectáreas, y con un perímetro de casi 1.000 km. Por ello fue necesario generar una estrategia de participación para su conservación, con guardaparques comunales, de modo que se incorporen a las estrategias de Control y Vigilancia,  en el marco del Plan Maestro del Parque, los frentes de defensa de las poblaciones, rondas campesinas, e incluso las propias autoridades locales. Todos ellos han adquirido un compromiso por ayudar en la conservación y protección del parque, o en definir y planificar los asentamientos de las poblaciones para impedir su avance, y el cambio de uso del suelo.

El manejo de un área protegida de más de 1.35 millones de hectáreas y la alta actividad humana en su zona de amortiguamiento (2.3 millones de hectáreas), han demandado la generación de herramientas de gestión innovadoras, enfocadas en la participación social. Es así que CIMA implementa un Modelo de Intervención conocido como FOCAL, el cual se está incorporando en otras AP del país, y que cuenta con herramientas como:

• Mapeo de Usos y Fortalezas(MUF): Reúne información socioeconómica de comunidades y centros poblados, sus necesidades y percepciones en cuanto al área, y uso de recursos naturales, para identificar organizaciones locales con las cuales se debe establecer alianzas para implementar acciones de conservación.
• Zonificación Participativa Comunal (ZPC): Guía el proceso de desarrollo de una zonificación ecológica económica a nivel nivel comunal para lograr la concertación de la población respecto a la utilización sostenible de su territorio y sus recursos naturales.
• Normas de Convivencia: Permiten alcanzar acuerdos a nivel del centro poblado o comunidad, definen códigos de comportamiento, y brindan estabilidad al proceso de planificación o a los Planes de Calidad de Vida que se elaboren posteriormente.

Si bien el PNCA contó con apoyo financiero durante el período 2008-2013, estas fuentes no son consideradas sostenibles a largo plazo, por lo que CIMA viene buscando mecanismos para mejorar la sostenibilidad financiera del parque. Uno de ellos fue diseñar el proyecto REDD+ Cordillera Azul, dentro del cual CIMA y The Field Museum of Chicago (como socio estratégico) desarrollaron un documento técnico para comprobar de qué manera el PNCAZ ha evitado la emisión de más de 1,6 millones de toneladas de CO2 al año por deforestación, y casi 13 millones de toneladas de CO2 durante el periodo 2008-2015. Por esto llegó a considerarse un megaproyecto REDD+, validado por estándares internacionales, como el Voluntary Carbon Standard (VCS), y el Climate, Community and Biodiversity Standards (CCB), los cuales buscan dar legitimidad y credibilidad, ante los mercados voluntarios, por medio de certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no emitidos. Gracias a estos certificados, el proyecto pudo obtener su registro en Markit, una herramienta para administrar internacionalmente los créditos globales de carbono, lo que dio paso a que CIMA trabaje en procesos de negociación de créditos de carbono en el ámbito internacional.

El marco regulatorio de las áreas protegidas en Perú propicia un enfoque de co-gestión y trabajo participativo, y permite la suscripción de Contratos de Administración entre el Estado peruano y organizaciones privadas sin fines de lucro, como un mecanismo efectivo de apoyo a la gestión. En este contexto, el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCA) tuvo, desde su creación, el apoyo técnico de la ONG Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales – Cordillera Azul (CIMA – Cordillera Azul). Años más tarde, en el 2008, el Estado firmó con CIMA un contrato de administración total de operaciones del Parque por un período de 20 años. En este marco se suscribió un Acuerdo de Desarrollo Global (GDA) entre la Agencia de los Estado Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Moore, la Fundación MacArthur, The Field Museum of Chicago y CIMA, para conjugar esfuerzos hacia la conservación del PNCAZ y contar con apoyo financiero durante el período 2008-2013. Esto permitió establecer una visión a largo plazo para la gestión adaptativa del PNCAZ, implementar un modelo de gestión participativa, y alcanzar mayor sostenibilidad financiera a través del apalancamiento de fondos para el PNCAZ.