Un fondo de áreas protegidas para la sostenibilidad financiera de su gestión

El desarrollo de un fondo permanente para cubrir costos de manejo de las áreas protegidas,   ha permitido a ciertas áreas protegidas estatales, como la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, contar con fondos anuales para sustentar sus principales actividades operativas. Este fondo se conoce con el nombre de Fondo de Áreas Protegidas (FAP), y corresponde a una iniciativa desarrollada en 1999 entre el Ministerio del Ambiente del Ecuador y el Fondo Ambiental Nacional, con el apoyo de la cooperación internacional, a fin de diversificar las fuentes de financiamiento para áreas naturales protegidas públicas, proporcionando recursos financieros estables en el largo plazo. Como antecedentes a esto, cabe mencionar que el Fondo Ambiental Nacional fue creado por el Estado Ecuatoriano en el año 1996, como “un mecanismo financiero independiente de los planes, programas, proyectos y cualquier actividad tendiente a la protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y el medio ambiente”. Este fondo, como una organización de derecho privado, capta, administra, asesora técnicamente y canaliza recursos financieros, sin participar directamente en la ejecución de campo.

  • Definición de políticas nacionales que apoyan la creación de un Fondo Ambiental Nacional para dar mayor estabilidad al presupuesto de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador.
  • Apoyo de la Cooperación Financiera nacional e internacional para  crear un fideicomiso con fondos que se renuevan constantemente para cubrir costos operativos del manejo de áreas protegidas estatales, entre ellas La RPF Cuyabeno.

El diseño e implementación del FAP fue el resultado de un proceso de acuerdos entre el Gobierno Nacional, la sociedad civil organizada y la Cooperación Internacional. Su principal objetivo es apoyar la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas protegidas para contribuir así con la conservación in situ de la biodiversidad de la nación, mediante el co-financiamiento de gastos operativos básicos y el acompañamiento técnico.

Actualmente, y luego de un año de paralización en el 2015, el FAP trabaja con 30 áreas protegidas estatales, dentro de las cuales se encuentra la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, la cual recibe un monto anual de USD 56.000. Si bien este fondo no representa el único mecanismo financiero para la reserva, el presupuesto anual asignado permite sustentar las principales actividades operativas del área, alineadas con los objetivos y resultados estratégicos de la planificación operativa anual. 

Gobernanza más allá de las fronteras

Una iniciativa de integración fronteriza Amazónica, conocida como Programa Trinacional, promovida por los administradores de tres áreas protegidas (Parque Nacional Natural La Paya, Colombia; Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, Ecuador; y Parque Nacional Güeppí, Perú) permitió optimizar su efectividad del manejo bajo un modelo de gestión regional coordinada.

La iniciativa nace desde el año 2005, producto de espacios de diálogo entre representantes de estas área. Esta iniciativa se consolida en el 2006 con el Programa Trinacional, y se ha ido fortaleciendo en el tiempo. La primera decisión de apoyo financiero buscó establecer un convenio entre los Fondos Ambientales de los tres países. Posteriormente se consiguió apoyo financiero a través de varios proyectos que cubren líneas prioritarias, como gestión de área y zonas de influencia, participación social, fortalecimiento de capacidades institucionales, y fortalecimiento del corredor de conservación.

De esta manera, los Gobiernos de los tres países se unieron para buscar mecanismos operativos, técnicos y financieros que permitan la conservación y el desarrollo sostenible de este corredor, con la aspiración de constituirse en una experiencia piloto de gestión transfronteriza.

  • Visión conjunta entre las tres AP para resolver problemas similares en la zona de frontera.
  • Estructuración del Programa Trinacional bajo líneas de gestión específicas, con un Comité Coordinador (3 autoridades nacionales de los Sistemas Nacionales de AP); un Comité Técnico (Jefes de las 3 AP); y una Secretaría Técnica (sede rotativa cada 2 años entre las 3 autoridades ambientales).
  • Consecución de apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional para la gestión del Programa.

Se logró fortalecer la institucionalidad del Programa mediante una estructura organizativa compuesta por el Comité Coordinador, Técnico y la Secretaría Técnica, además de un Memorando de Entendimiento avalado por los Ministros de Ambiente de los tres países, con lineamientos de su funcionamiento.

Gracias al apoyo técnico y financiero obtenido por el Programa se realizaron acciones conjuntas para incrementar la operatividad y la gestión de las tres áreas. En Cuyabeno se adecuó y equipó guardianías; y se consolidó el Programa de Control y Vigilancia de su Plan de Manejo, el cual se articuló con el trabajo de los equipos de guardaparques de las tres AP, para  monitorear efectivamente sitios estratégicos de protección al interior de cada AP, en sus zonas de amortiguamiento y en los límites fronterizos.  En el ámbito de la participación social para el manejo sostenible, se trabajó en fortalecer cadenas productivas de café orgánico y cacao fino de aroma, y en el turismo comunitario.

Co-manejo entre comunidades indígenas y Gobierno

Uno de los grandes desafíos de la Reserva de Producción Fauna Cuyabeno fue la consolidación de sus límites y lograr acuerdos con las poblaciones locales y organizaciones indígenas para su gestión. La relevancia de integrar las variables culturales en los procesos de conservación nacionales, fueron la oportunidad para implementar el proyecto «Delimitación de la zona baja, solución de conflictos y sensibilización de las comunidades respecto del uso y manejo de los recursos en la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno». Este tuvo como objetivo mantener la integridad biológica y cultural de la Reserva, a través del fortalecimiento de alianzas entre el MAE y las comunidades indígenas de las nacionalidades Siona, Secoya, Cofán, Kichwa y Shuar; con territorios dentro del área. Así, desde 1995 se empezó a establecer Convenios de Uso y Manejo de Recursos Naturales con la mayoría de comunidades de estos cinco pueblos indígenas, buscando la participación local y el reconocimiento del área para una gestión compartida. Los convenios se constituyen en documentos formales de legitimación del derecho de los indígenas a habitar en la Reserva y de hacer uso de sus recursos naturales en condiciones especiales por estar dentro de un área protegida.

  • Empoderamiento de las organizaciones indígenas para participar de manera activa dentro del AP. 
  • Estrategias de negociación de las organizaciones indígenas con el Estado para establecer los Convenios de Uso y Manejo. 
  • Apertura del MAE a procesos participativos de planificación.
  • Promoción del uso sostenible de los recursos naturales al interior del AP.
  • Reconocimiento, por parte de las comunidades indígenas y campesinas, de la importancia ambiental, cultural, social y económica del AP.

Los Convenios de Uso y Manejo cuentan con planes de manejo comunitarios, planes operativos y un sistema de monitoreo de cumplimiento; con una vigencia de 10 años y su posterior renovación. Los planes de manejo comunitarios son un conjunto de acuerdos internas para la comunidad, en concordancia con las normas de uso de recursos naturales en los espacios comunales de la Reserva, su Plan de Manejo, los usos existentes y derechos de las comunidades indígenas. Gracias a ello se consolidaron los límites del AP y de tierra entre las comunidades. Además, se generaron espacios de diálogo que permiten abordar puntos convergentes y divergentes desde la visión indígena del territorio y la visión estatal del área, para su conservación y manejo sostenible. Es así que el co-manejo logrado entre el MAE y las organizaciones indígenas tuvo un resultado importante: frenó el ingreso de colonos a los territorios indígenas, así como la colonización y expansión de las comunidades hacia la Reserva.

Ley de Agricultura Urbana para la ciudad de São Paulo

CIUDADES SIN HAMBRE contribuyó a la aprobación de un proyecto de ley sobre agricultura urbana en São Paulo en 2004 (Lei 13.727, de 12 de Janeiro de 2004). Mediante esta ley se creó el marco institucional y jurídico de la agricultura urbana en São Paulo.

Hans Dieter Temp, fundador de CIUDADES SIN HAMBRE, se esforzó por impulsar la aplicación de esa ley, entre otras cosas yendo a Brasilia para apoyar su causa.

La lección clave aprendida aquí es que una conexión comunicativa transparente y que funcione bien con las instituciones gubernamentales es crucial para alcanzar objetivos de gran alcance en la planificación urbana. La necesidad de proyectos de agricultura urbana, sin embargo, fue reconocida por los ciudadanos a nivel local, mientras que la administración de la ciudad no había realizado tal acción por su cuenta.

Gobernanza de los recursos naturales

El objetivo del proyecto era mejorar la gobernanza de la tierra y los recursos hídricos a nivel comunitario para aumentar la resiliencia de las comunidades ante los riesgos hídricos y promover una gestión sostenible de las zonas áridas. Para ello se adoptaron varias medidas

  • Creación de un comité de gestión de los recursos hídricos responsable de la estructura de retención del agua, de la alerta temprana y la preparación ante inundaciones y sequías, y de garantizar la distribución proporcional del agua. El comité también sirve de enlace con programas más amplios de gestión del paisaje y con el gobierno y las ONG.
  • Demarcación de la ruta migratoria de las comunidades de pastores para reducir los posibles conflictos por la entrada de animales en las tierras de labranza y de granjas que invaden los pastizales.
  • Establecimiento de fondos rotatorios para la agricultura (banco de semillas) y la ganadería con el fin de sostener las actividades de subsistencia y proporcionar servicios continuados a largo plazo.

El proyecto Eco-DRR complementó otra iniciativa de mayor envergadura del PNUMA, conocida como Proyecto de Gestión de la Captación del Wadi El-Ku (WEK) en Darfur del Norte, ejecutado a lo largo del mismo wadi y más o menos al mismo tiempo. El proyecto WEK demuestra cómo una gestión eficaz e integradora de los recursos naturales puede mejorar las relaciones sobre los recursos naturales, contribuyendo así a la consolidación de la paz y a la mejora de los medios de subsistencia de las comunidades afectadas por el conflicto.

La gobernanza de los recursos naturales requiere el diálogo entre las partes interesadas para comprender las necesidades de las comunidades implicadas y para aplicar con éxito las medidas. Además, implicar a las autoridades necesarias (por ejemplo, vincular el comité de gestión del agua con el gobierno y las ONG para obtener asistencia técnica y financiación; e implicar al gobierno y a todas las partes interesadas para la demarcación de la ruta migratoria) ayuda a garantizar la sostenibilidad del proyecto. También es importante que estas actividades se reproduzcan a través de otros proyectos (por ejemplo, WEK y otros proyectos). De hecho, la demarcación de la ruta migratoria se amplió de los 10KM a una ruta total de 120KM.

Creación de asociaciones y compromiso comunitario

Crear asociaciones sólidas a nivel local y nacional y trabajar con la comunidad local es esencial para la ejecución y el éxito general y la sostenibilidad del proyecto.

Además, era esencial conectar a las comunidades locales con los organismos gubernamentales y garantizar que el Estado asumiera como propias las actividades, de modo que en el futuro se pudiera solicitar ayuda al gobierno.

El PNUMA contaba con sólidas asociaciones de larga data (con partes interesadas locales y socios ejecutores locales y nacionales) en la zona del proyecto.

En un contexto frágil como el de Sudán, contar con asociaciones duraderas es vital para el éxito del proyecto.

Durante la ejecución de las actividades comunitarias se aprendió que los proyectos a nivel comunitario deben exigir el mínimo de tiempo y energía a los miembros de la comunidad, y garantizar el calendario adecuado de actividades para que se ajusten a los horarios de las comunidades, ya que las actividades del proyecto suelen requerir trabajo voluntario.

Además, cuando las comunidades ven pruebas claras de los beneficios de las intervenciones, se muestran más dispuestas a poner en marcha y continuar con actividades similares por su cuenta en el futuro. Las intervenciones que muestran menos beneficios directos para los medios de subsistencia requieren un buen diálogo y campañas de sensibilización.

Desarrollar la capacidad local y nacional para la Eco-DRR

El proyecto realizó una importante inversión en el desarrollo de capacidades para la aplicación de la Eco-DRR. En primer lugar, se llevaron a cabo actividades de concienciación dirigidas a diferentes públicos (comunidades de la zona del proyecto, gobierno, universidad y otros públicos locales y nacionales) a través de diversos medios como la radio, conferencias, talleres, hojas informativas y carteles, maquetas en 3D y vídeos.

En segundo lugar, se llevaron a cabo varios talleres sobre la aplicación de Eco-DRR a nivel local para instruir sobre la gestión de viveros, la alerta temprana y la preparación, la gestión de centros comunitarios de resiliencia, así como la formación de formadores. Las demostraciones sobre el terreno y las formaciones prácticas a nivel provincial y nacional sirvieron de base para reforzar la comprensión de los gobiernos provinciales y nacionales de la práctica de Eco-DRR con el fin de sostener la futura aplicación y reproducción de las medidas de Eco-DRR.

Por último, el proyecto implicó a las universidades afganas en conferencias y formaciones nacionales y provinciales sobre EcoDRR, en un esfuerzo por integrar los conceptos y conocimientos prácticos de EcoDRR en los programas universitarios.

Tener una relación duradera y trabajar con organizaciones y actores locales es importante para una buena estrategia de comunicación y para permitir el desarrollo de capacidades. Además, la financiación adicional permitió un intercambio de aprendizaje para promover la Eco-RRD y la ACC en la región entre Afganistán, Tayikistán y Kirguistán.

El diálogo, la implicación de las partes interesadas y la colaboración con las organizaciones locales, la existencia de un proyecto piloto de demostración local y una fuerte inversión en el refuerzo de las capacidades son claves para la sostenibilidad.