El medio ambiente es un continuo que no se ciñe a las fronteras político-administrativas. Las medidas unilaterales que puede tomar un país para proteger un recurso compartido generalmente son ineficaces y el uso no regulado del recurso generalmente termina en la sobre-explotación y la destrucción del mismo.
En base a esto, la conservación de la biodiversidad en áreas de alto valor ecológico fronterizo debe hacerse en base a la cooperación y el entendimiento entre países. Sin embargo, estas áreas alejadas de los centros de decisión, muchas veces no son prioridad para las cancillerías.
En estos casos, las organizaciones de la sociedad civil pasan a jugar un rol importante, dado que se pueden mover y articular con una libertad que no poseen los gobiernos de distinto nivel.
La gobernanza de las áreas protegidas transfronterizas, como el Corredor Biológico Trinacional, para ser efectiva necesita de todos los actores involucrados: autoridades locales, regionales y nacionales, emprendedores y la sociedad civil organizada.
Al igual que sucede a nivel local, las organizaciones de la sociedad civil tienen una continuidad en el tiempo que los actores políticos no presentan.
Además, no están ceñidas a cuestiones protocolares y de jerarquía y pueden comunicarse directamente entre ellas y con quien sea.
También, al igual que en local, las ONGs pueden centrarse en las cuestiones ambientales, a diferencia del poder político que debe atender asuntos de diversa índole.
La coordinación entre ONGs de países vecinos se puede realizar fácilmente. Sin embargo, a veces cuestiones internas en uno de los países, como por ejemplo el relacionamiento de una organización con las autoridades de turno, hacen que un proyecto transfronterizo se enlentezca, se paralice o todo lo contrario.
La suma de ONGs de los países vecinos hacen que los gobiernos presten mayor atención a los proyectos en cuestión.
