Se forma a un grupo comunitario (por ejemplo, un comité de medio ambiente o una asociación de pescadores) en técnicas de recogida de datos sobre los distintos tipos de residuos (orgánicos y no orgánicos) que suelen encontrarse en las playas, de modo que puedan identificarse los artículos que pueden reciclarse o reutilizarse. Tras la formación, el grupo es capaz de clasificar los distintos tipos de residuos y rellenar una hoja de datos sobre desechos marinos. La hoja de datos puede enviarse a Ocean Conservancy en EE.UU., que gestiona una base de datos marina mundial. Esta actividad ayuda a fomentar un sentido de propiedad del medio ambiente local, así como un sentimiento de pertenencia a una iniciativa más amplia. A nivel local, los objetos reciclables, como botellas de plástico, chanclas y vidrio, pueden separarse y venderse a los recolectores. Como resultado, la comunidad puede generar ingresos a partir de los residuos. El grupo es reconocido por sus compañeros como un equipo comunitario de gestión de residuos, lo que les sitúa en una posición que les permite presionar a sus conciudadanos y a los políticos locales (concejales y diputados) para que adopten nuevas medidas en materia de gestión de residuos.

En cada país, un punto focal apoya la sensibilización mediante un cartel en la lengua nacional, un anuncio radiofónico y una camiseta.

Para obtener una concesión, los "usuarios ancestrales" deben organizarse en una asociación. A continuación, la asociación solicita al gobierno el estatus especial presentando los nombres de los responsables de la asociación, una lista de miembros, un acuerdo de asociación, mapas de la zona y un plan de gestión que detalle el uso sostenible de los recursos del manglar.

La formación del Programa Pride de Rare es un proceso de dos años mediante el cual los líderes locales de la conservación reciben formación universitaria formal, seguida de periodos de investigación formativa sobre el terreno y análisis de resultados. Los participantes aprenden a cambiar actitudes y comportamientos, movilizar apoyos para la protección del medio ambiente y reducir las amenazas a los recursos naturales. Los socios locales de Rare no sólo reciben formación en el aula, sino que también ponen en marcha toda una campaña de marketing social en sus comunidades, diseñada en torno a un objetivo de conservación específico. Los participantes en el programa reciben un conjunto de herramientas para la divulgación comunitaria: La formación 1 proporciona a los participantes herramientas básicas de participación comunitaria, para que puedan empezar a integrarse en el público objetivo y ganarse su confianza. La formación 2 tiene lugar tras un periodo de 1-2 meses de inserción sobre el terreno, y enseña técnicas de investigación formativa cualitativa y cuantitativa. La formación 3 tiene lugar tras 2-3 meses de recogida de datos e información, para analizar los datos recogidos y diseñar la campaña Pride. La formación 4 tiene lugar una vez concluida la campaña, para evaluar los resultados y elaborar el informe final.

Nuestro método de valoración económica puede repetirse a un coste relativamente bajo, utilizando en gran medida los datos existentes. Sólo valoramos una parte de los muchos servicios que prestan los arrecifes de coral y los manglares, centrándonos en los componentes que son relativamente fáciles de medir utilizando información publicada y especialmente importantes para las economías locales. Turismo: Mediante un análisis financiero, calculamos que, en 2007, los turistas relacionados con los arrecifes y los manglares gastaron entre 150 y 196 millones de dólares en alojamiento, actividades recreativas en los arrecifes y otros gastos. Pesca: Según un análisis financiero, los beneficios económicos (ventas más el valor añadido de la limpieza y el procesado) de las pesquerías dependientes de los arrecifes y los manglares ascendieron a entre 14 y 16 millones de dólares en 2007. Protección del litoral: Evaluamos los servicios de protección del litoral en un sistema de información geográfica (SIG). Utilizando un enfoque de daños evitados, calculamos que los arrecifes de coral proporcionaron entre 120 y 180 millones de dólares en daños evitados en 2007, a los que hay que añadir entre 111 y 167 millones de dólares procedentes de los manglares. En total, estimamos que el valor de estos tres servicios ecosistémicos costeros en Belice fue de entre 395 y 559 millones de dólares en 2007. Como punto de referencia, el PIB de Belice fue de 1.300 millones de dólares en 2007.

Adoptar una estructura de cogestión para la gestión y supervisión de las zonas marinas gestionadas localmente (LMMA). La regulación de la ZMPM se hace cumplir mediante patrullas conjuntas compuestas por un núcleo de miembros de la comunidad y fuerzas funcionales. La propiedad de la ZMPM se transfiere a la gobernanza local. Todos los resultados de la ZMVM se entregan a la autoridad local. Se establece el estatus legal de los actores locales en la estructura de cogestión. La financiación estatal asigna presupuestos anuales para apoyar la implementación del LMMA.

Para evitar la pérdida total e irreversible de los valores ecológicos, establecer primero una zona de arrecife de veda con una ceremonia de lanzamiento para poner de relieve el proceso de zona marina gestionada localmente (LMMA). Además, desarrollar especialmente la aplicación de la normativa LMMA. Proporcionar la formación necesaria para la ejecución de trasplantes de coral para la restauración del arrecife. Realizar investigaciones biológicas subacuáticas periódicas para supervisar la recuperación de los recursos.

Cuando se decidió designar la región como Zona de Reserva, una Asociación de Pescadores reunió a 16 grupos pesqueros que llevaban décadas utilizando los recursos marinos de la zona. Para reducir los conflictos entre la población local y la autoridad del área protegida, se dejó claro que se respetarían los derechos preexistentes, como los de los pescadores. En el documento técnico presentado al gobierno para la declaración de la Zona Reservada, se indicaba claramente que los grupos organizados a través de la asociación de pescadores utilizaban históricamente los recursos marinos de la zona. Durante el proceso de categorización de la Zona Reservada, el gobierno define la categoría final y la extensión del área protegida en función de los objetivos de conservación e impone restricciones de uso de los recursos naturales. En principio, es en este momento cuando hay que tener en cuenta la participación local, el diálogo y los datos científicos para decidir el futuro esquema de gestión del área protegida. Se celebraron varias reuniones con cada uno de los grupos de pescadores y su asociación para explicarles las distintas categorías de áreas protegidas que contempla el ordenamiento jurídico. Gracias al proceso participativo, San Fernando fue declarada Reserva Nacional y los pescadores locales se sintieron implicados y escuchados en el proceso.

La autoridad nacional inicia el proceso de creación de un comité de gestión del área protegida invitando a las partes interesadas locales. Se registran los miembros y la asamblea general elige un consejo y un presidente. El propio comité de gestión se convierte en un espacio de diálogo y permite debatir los problemas antes de que las tensiones se conviertan en conflictos. También facilita el apoyo de los interesados locales a la autoridad de gestión del área protegida para llevar a cabo actividades específicas. La Cofradía de Pescadores y los colectivos también son miembros del comité de gestión y participan activamente en la asamblea general. Un representante de la Asociación de Pescadores fue elegido Presidente del Comité de Gestión, lo que legitimó a la asociación como uno de los actores más poderosos y relevantes del área protegida. Esto hizo que las comunicaciones entre los pescadores y las autoridades gubernamentales fueran más fluidas y que las decisiones de gestión se tomaran basándose en procesos formales.

Cuando se clasificó la Reserva Nacional, se dijo claramente que se respetarían los derechos de los pescadores a utilizar los recursos marinos de la zona protegida. Reconocer sus derechos desde el principio sentó las bases de una interacción positiva. Los acuerdos previos en Perú fueron clave para implantar un escenario similar en San Fernando, donde los derechos legales de uso de los recursos se asignaron a grupos de gestión local para llevar a cabo actividades de uso sostenible si los grupos se comprometían a prestar apoyo en la vigilancia y el cumplimiento de la ley. Además, la sólida organización de la Asociación de Pescadores fue vital para la designación de zonas específicas en las que cada grupo de pescadores está autorizado a recolectar macroalgas. Las decisiones tomadas previamente por la Asociación de Pescadores fueron legitimadas por la autoridad del área protegida. Hoy en día, los grupos de pescadores siguen recolectando macroalgas de las costas y son responsables de controlar las actividades ilegales. Esto ha dado lugar a un uso más sostenible de las macroalgas y otros recursos marinos de la zona.