Cuando la extracción comercial del pez león no es práctica o no está permitida (como en las zonas protegidas), o si la presión pesquera actual no es suficiente para suprimir las poblaciones de pez león por debajo de los objetivos de gestión específicos del lugar, se puede recurrir a una combinación de métodos de extracción alternativos para reducir las poblaciones de pez león, entre los que se incluyen:

• sacrificio mediante buceo, ya sea por parte de los gestores de las zonas protegidas o de los operadores de buceo

• competiciones de sacrificio del pez león (también conocidas como derbis o torneos)

• las trampas de aguas profundas, aún en fase de diseño, pueden utilizarse como herramienta dentro de un paquete de medidas de gestión del pez león.

Es posible que varias partes interesadas tengan que llevar a cabo una o varias de estas actividades en un lugar determinado para alcanzar el nivel deseado de supresión del pez león.

La dinámica de los sistemas humanos y naturales es compleja y se caracteriza por retroalimentaciones recíprocas que pueden interactuar a escalas local y global. El éxito de la gestión de los recursos naturales exige una mejor comprensión de estos sistemas humanos y naturales acoplados (CHANS), que debe incorporarse en la fase de planificación. Un enfoque CHANS implica tanto aspectos ecológicos como sociales, y requiere un equipo interdisciplinar para desarrollar un marco conceptual de interacciones socioecológicas (SEF), que ayude a todos los actores a considerar los posibles resultados desde muchas perspectivas diferentes.

Dado que un programa viable de control del pez león repercutirá en un amplio abanico de partes interesadas, es crucial desarrollar una estrategia de gestión del pez león utilizando un enfoque CHANS para maximizar los beneficios y minimizar los resultados imprevistos.

Un modelo de dinámica poblacional que estime la abundancia, biomasa y estructura de tallas de la población de pez león en diferentes escenarios de gestión es fundamental para la planificación de la gestión del pez león. Los cambios en todos los sistemas afectados pueden entonces interpretarse cualitativamente utilizando el SEF.

Con la creación del Parque Nacional Natural - Resguardo Indígena Yaigojé Apaporis nació una nueva forma de relacionamiento entre pueblos indígenas y Estado colombiano. Fue necesario buscar mecanismos para asegurar la gobernabilidad y la conservación integral de sus sistemas de vida, sin interferir los derechos de dichos pueblos a su autonomía territorial ni al manejo cultural que tradicionalmente han efectuado. Una vez creado el Parque, se inició el proceso de formulación de su Régimen Especial de Manejo (REM), por medio del cual se genera la administración conjunta entre Parque Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y la Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Apaporis (ACIYA). Para establecer el REM, se requirió una metodología de investigación propia o endógena, propuesta por los mismos pueblos indígenas, y apoyada por la experiencia de la Fundación GAIA Amazonas. Esta metodología se basó en lineamientos emitidos en un Congreso Indígena amazónico, donde se identificaron todos los temas que serían recopilados en cada uno de los pueblos indígenas, para guiar la elaboración del REM. De este modo se promovió la participación de las comunidades con tres representantes indígenas y un shamán.

En 1988 se creó el Resguardo Indígena Yaigojé Apaporis por solicitud de los pueblos indígenas Tanimuca, Yucana, Letuama, Matapí, Cabayari, Macuna, Barazano y Yujup-Macú. Posteriormente, en el 2008, mediante consenso en asamblea extraordinaria de las Autoridades Tradicionales y los Capitanes Indígenas (ATCI), estos pueblos decidieron solicitar la creación de un Parque Nacional superpuesto con los límites del Resguardo Indígena, considerando que esto eliminaría el desarrollo de actividades mineras y de explotación que pusieran en riesgo la biodiversidad y sus sitios sagrados, y por lo tanto, sus usos y costumbres, composición social y entorno ambiental.

La creación del Parque Nacional Natural – Resguardo Indígena Yaigojé Apaporis tiene un largo proceso de trabajo con la Fundación GAIA Amazonas, la cual contó con el apoyo técnico y  financiero de la Fundación Gordon y Betty Moore. La decisión de pasar a un Régimen Especial de Manejo (REM) debía tener pleno respaldo local, asegurar la autonomía de los pueblos indígenas y fortalecer sus sistemas tradicionales; además, era necesario que los pueblos indígenas cuenten con facultades de negociación y coordinación para poder establecer acuerdo con el Estado.

La Ley del Sistema Nacional de Unidades de Conservación, publicada en julio del 2000, estableció el Enfoque de Mosaicos de Conservación. Los mosaicos son “un conjunto de Unidades de Conservación (UC) de categorías diferentes o no, próximos, yuxtapuestas o superpuestas, y otras AP, públicas o privadas”, cuya gestión debe realizarse de manera integrada, de acuerdo a los objetivos de cada UC.

Ante el desafío de manejar los conflictos socio-ambientales y optimizar los recursos humanos, financieros y materiales, el 2010 se estableció el Mosaico de Conservación Bajo Río Negro, con una superficie de 7.329.220 hectáreas, conformado por 11 UC, entre ellas el PN de Jaú y la RESEX del Río Unini.

La implementación de este enfoque prioriza los procesos de conservación en porciones mayores de territorio, lo que permite la gestión integral de paisajes localizados a lo largo de los ríos Jaú y Unini, al norte, y el Bajo Negro al sur del mosaico. Al ver a las AP como partes de un todo, funcionales y conectadas entre sí, fue necesario incorporar en el diseño de los planes de manejo una metodología participativa, que promoviera el involucramiento de múltiples actores en la toma de decisiones para el manejo del territorio y sus recursos naturales.

El PN de Jaú representa una de las mayores extensiones de bosque húmedo tropical protegidas en el mundo, que protege gran parte de una cuenca hidrográfica de aguas negras. Por su importancia, esta AP fue priorizada por el Programa de Áreas Protegidas de la Amazonía (ARPA), un programa gubernamental de Brasil, creado en el año 2002, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, y gestionado por el Fondo Brasileño para la Biodiversidad (Funbio).

El programa ARPA cuenta con el financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), el gobierno alemán, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), el Fondo Amazonía, a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), la Fundación Moore y, actualmente, empresas privadas que son donantes del programa. Tiene una vigencia de 13 años, y su objetivo es expandir y fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la Amazonía en Brasil, mediante la protección de 60 millones de hectáreas de Unidades de Conservación en el bioma Amazónico; y asegurar la sostenibilidad de su gestión a corto y largo plazo. Se implementa en tres fases independiente y continuas. La primera entre 2003 y 2010, la segunda entre 2010 y 2015, y la tercera, con un plazo de 25 años.

Con la pérdida de grandes extensiones de praderas agrícolas en favor del maíz y la soja, y la falta de interés por instalar otras nuevas, la fauna que depende de este hábitat se ve inevitablemente afectada. Los pastizales de Norteamérica figuran entre los 21 ecosistemas más amenazados de la región. Muchas de las praderas que quedan, sobre todo en el este de Norteamérica, están casi totalmente integradas en paisajes agrícolas. Debido a los cambios en el paisaje, muchas aves en peligro de extinción y otros animales salvajes, incluidos los polinizadores, dependen cada vez más de la comunidad agrícola para la creación, el mantenimiento y la salud del hábitat.

Es necesario que más agricultores conozcan la espelta y su utilidad en la producción de alimentos. A través de la divulgación y la demostración, puede ser una opción viable para que otros productores agrícolas la adopten en sus rotaciones, lo que diversificará sus ingresos agrícolas.

El éxito del Santuario Marino Nacional dependerá en gran medida de la calidad de su vigilancia marina y de su aplicación. Como Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID), Palaos carece de los recursos necesarios para patrullar adecuadamente sus aguas. A lo largo del proceso de desarrollo e implementación del PNMS, Palaos ha buscado asociaciones activas con otras naciones, ONG y proveedores de tecnología para desarrollar y financiar una estrategia integral de seguimiento, control y vigilancia. Palaos espera ahora numerosas contribuciones a su capacidad de vigilancia y aplicación en los próximos meses.

También es novedoso el sistema de financiación del Santuario: en virtud de la ley que lo crea, todos los turistas deben pagar una Tasa Ambiental del Paraíso Prístino (PPEF), que se utilizará para garantizar la vigilancia, el cumplimiento de la ley y la administración necesaria del PNMS.Palaos está realizando un gran esfuerzo para complementar estos ingresos anuales previstos de 1,5 millones de dólares con contribuciones de países socios y amigos. Palaos está recaudando estos fondos y estableciendo un Fondo de Dotación para el Santuario, en el que se depositarán las contribuciones.

Gran parte de esta financiación adicional se destinará al establecimiento de un programa integral de vigilancia y control para hacer cumplir la ley. Este esfuerzo de vigilancia reforzada tiene como componente crítico la cooperación transfronteriza continuada y ampliada en la región de Micronesia con los vecinos y socios principales, Estados Unidos, Japón, Australia y la República de China, Taiwán.