El esfuerzo por modernizar los sistemas hidrológicos y meteorológicos de Japón comenzó en los años 50 y continúa hasta nuestros días. Por ejemplo, el Sistema Automatizado de Adquisición de Datos Meteorológicos (AMeDAS) de la JMA es una red de más de 1.300 estaciones meteorológicas automáticas que se fue modernizando paulatinamente desde la década de 1970. En la actualidad, el sistema es capaz de recopilar conjuntos de datos de estaciones clave cada minuto y puede entregar información a los usuarios finales en 40 segundos. Estos datos son cruciales para los sistemas de alerta temprana y permiten un seguimiento preciso de los patrones meteorológicos. Otro hito importante ha sido la serie de satélites meteorológicos geoestacionarios (Himawari-1 a Himawari-8), que han reforzado aún más los servicios hidrometeorológicos no sólo en Japón, sino en toda la región Asia-Pacífico. Además, el Japan Meteorological Business Support Center (JMBSC) y la Foundation of River & Basin Integrated Communications (FRICS) trabajan para garantizar un uso más amplio de los datos hidrométricos por parte de los municipios, el público en general y los agentes del sector privado.
Recursos financieros y conocimientos técnicos suficientes para modernizar los sistemas.
Voluntad política de movilizar recursos para modernizar los sistemas.
Unos sistemas de observación sólidos, de calidad garantizada y centrados en el usuario son fundamentales para la prestación de servicios hidrológicos y meteorológicos eficaces y sustentan las estrategias de adaptación al cambio climático y de GRD, como las prácticas de gestión fluvial y el establecimiento de sistemas de alerta temprana.
Para garantizar la continuidad de las actividades, debería establecerse un "segundo" centro operativo, como una instalación de reserva que pueda reanudar todas las funciones y servicios esenciales en caso de emergencia.
Las instituciones clave en el panorama hidrométrico de Japón han evolucionado desde la década de 1950. Por ejemplo, las instituciones hidrológicas han sufrido varios cambios, como tras la promulgación de la Ley de Ríos de 1964 (versión revisada). Esta ley exigía a las autoridades encargadas de la gestión de los ríos que se adhirieran a los principios de gestión integrada de las cuencas fluviales, en contraposición a las prácticas de gestión de catástrofes más centradas en la zona que prevalecían antes de esto (por ejemplo, pasar de diques circulares, que sólo protegen a la comunidad del constructor, a diques continuos, que garantizan una protección más equitativa para la población en general). En cuanto a los servicios meteorológicos, el marco normativo se estableció en virtud de la Ley de Servicios Meteorológicos de 1952, que designó a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) como organismo autorizado responsable de emitir avisos de emergencia.
En cuanto al marco jurídico, las leyes japonesas asignan funciones y responsabilidades claras al Servicio Hidrológico Nacional (WDMB/MLIT), al Servicio Meteorológico Nacional (JMA) y a otras partes interesadas clave para garantizar una coordinación eficaz.
Voluntad y capacidad para comunicar, coordinar y colaborar entre instituciones y sectores.
Voluntad política y recursos para establecer leyes y reglamentos pertinentes que asignen funciones y responsabilidades claras y faciliten la coordinación entre los distintos organismos y partes interesadas.
El periodo posterior a una catástrofe grave puede servir de oportunidad para evaluar los puntos fuertes y débiles de las instituciones y para introducir mejoras estratégicas. Por ejemplo, tras el tifón Isewan de 1959, en el que murieron más de 5.000 personas, el Gobierno de Japón llevó a cabo una revisión exhaustiva de las estrategias nacionales. Las experiencias de esta catástrofe fueron una fuerza motriz importante para la introducción de la Ley Básica de Medidas para Contrarrestar Catástrofes de 1961, que introdujo mejoras sistemáticas en los servicios hidrométricos de Japón.
Los marcos jurídicos deben estipular claramente las funciones y responsabilidades de los distintos agentes de los sectores público, privado y civil, para permitir una aplicación fluida y coordinada de los servicios hidrológicos y meteorológicos.
Los marcos reguladores hidrológicos deberían alinearse e integrarse en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). Los servicios hidrológicos de Japón son una parte clave del compromiso del país con la GIRH, que ha mejorado el uso sostenible del agua y la gobernanza eficaz del ciclo del agua y ha promovido la eficiencia hídrica y la conservación de los recursos hídricos.
Realización de actividades posteriores a la catástrofe
Las autoridades activaron acuerdos preestablecidos para movilizar a contratistas inmediatamente después del Gran Terremoto del Este de Japón de 2011, como parte de lo que se conoció como "Operación Peine de Dientes". El Ministerio de Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo (MLIT) puso en marcha una estrategia para garantizar que la autopista de Tohoku (una vía arterial que va desde Tokio hasta el extremo norte de la isla japonesa de Honshu) quedara transitable lo antes posible, a fin de permitir la entrega de suministros de socorro y agilizar la respuesta. Gracias a esta respuesta rápida y coordinada, el 97% de las carreteras nacionales costeras eran accesibles el 18 de marzo, tan sólo una semana después del terremoto. Además, toda la autopista de Tohoku se abrió al tráfico general 13 días después del seísmo.
Coordinación entre los sectores gubernamentales, así como con las partes interesadas de las esferas privada y pública.
Sistemas sólidos que garanticen la ejecución puntual y precisa de las inspecciones de emergencia y las evaluaciones posteriores a la catástrofe.
Las inspecciones y evaluaciones de emergencia deben llevarse a cabo junto con las medidas no estructurales tras una catástrofe.
Es fundamental una planificación exhaustiva, que incluya los procedimientos necesarios para una recuperación, rehabilitación y reconstrucción resistentes.
Si los coches o los conductores están expuestos a algún riesgo sustancial, deben activarse inmediatamente las normas de tráfico de emergencia y los sistemas de notificación pública.
Aplicación de medidas estructurales para reducir el riesgo de daños en las carreteras
Tras el Gran Terremoto del Este de Japón de 2011, las principales autopistas y carreteras de acceso a las zonas afectadas volvieron a funcionar en cuestión de semanas, lo que agilizó enormemente las operaciones de socorro y recuperación. Esto se debió en gran medida a las sólidas medidas estructurales, junto con una eficiente labor de recuperación por parte de los servicios públicos. En cambio, tras el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji de 1995 se tardó más de un año y medio en reconstruir las autopistas.
Recursos financieros y voluntad de invertir en recursos estructurales.
Capacidad tecnológica y de ingeniería para aplicar medidas estructurales a gran escala.
Las medidas estructurales reducen el riesgo de que las carreteras sufran daños debidos a geoamenazas, disminuyen los costes de mantenimiento de las carreteras, garantizan la conectividad durante y después de las catástrofes y contribuyen a la rápida recuperación de una carretera tras un episodio de geoamenazas.
La bioingeniería y otros tipos de medidas estructurales pueden aplicarse durante las fases de construcción, explotación y mantenimiento de la carretera.
Una evaluación exhaustiva de las condiciones geográficas, geológicas, geotécnicas, hidrológicas e hidráulicas es esencial para el diseño eficaz de las medidas estructurales.
Evaluación de riesgos de peligros geológicos y planificación de carreteras nuevas y existentes.
Las carreteras, autopistas y otras instalaciones públicas ayudaron a reducir los daños y la pérdida de vidas humanas en el Gran Terremoto del Este de Japón de 2011 al proporcionar protección contra las inundaciones, debido en gran parte a las acertadas evaluaciones de riesgos realizadas antes de la construcción. Por ejemplo, la autopista de Sendai Oriental (elevación de 7 a 10 metros) actuó como barrera secundaria contra el tsunami entrante, impidiendo que las olas penetraran más tierra adentro. Más de 200 personas escaparon corriendo hasta la autopista, y su terraplén sirvió de refugio de evacuación para los residentes locales.
Disponer de recursos suficientes para realizar evaluaciones de riesgos.
Disponibilidad de datos pertinentes para realizar evaluaciones precisas y fundamentar la planificación de las carreteras nuevas y existentes.
La identificación de riesgos previa al concepto es crucial. En el caso de las nuevas carreteras, las evaluaciones del riesgo de peligros geológicos permiten a las autoridades gestoras tomar decisiones informadas sobre cómo evitar los lugares peligrosos.
La cartografía de los peligros, la evaluación de los niveles de exposición y la determinación de los impactos potenciales sobre el entorno social son esenciales para una gestión holística del riesgo de geoamenazas en las carreteras.
La determinación de las posibles repercusiones económicas derivadas de la pérdida de acceso a las carreteras y la realización de un análisis coste-beneficio de las posibles inversiones para mitigar los riesgos geológicos son fundamentales. Los resultados de estas evaluaciones ayudan a identificar y priorizar los lugares en peligro y a fundamentar las medidas de reducción del riesgo.
Las instituciones pertinentes de Japón colaboran para crear y promulgar leyes y reglamentos adecuados, así como planes y estrategias de los gobiernos nacionales y locales (por ejemplo, Japan Rail, el gobierno local y el Ministerio de Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo colaboran en la gestión del riesgo de peligros geológicos en las carreteras). El marco japonés también incluye la coordinación institucional y técnica, así como mecanismos de financiación adecuados. Por ejemplo, el coste de añadir altura a una autopista puede ser compartido tanto por las organizaciones de obras públicas como por las de gestión del riesgo de catástrofes. Estos tipos de mecanismos de reparto de costes garantizan que las cargas financieras se compartan equitativamente.
Voluntad política para establecer un marco institucional, leyes y reglamentos adecuados.
Recursos financieros para aplicar mecanismos de financiación.
Las organizaciones de gestión del riesgo de catástrofes y las organizaciones de obras públicas pueden compartir los costes de determinadas inversiones en infraestructuras.
Los gobiernos nacionales y locales y otras partes interesadas clave deben coordinar las estrategias relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, incluido el uso de infraestructuras e instalaciones públicas como carreteras, autopistas y ferrocarriles. Estas instalaciones pueden utilizarse para mejorar los procedimientos y operaciones de gestión de desastres en caso de geoamenazas como inundaciones, tsunamis y corrimientos de tierras.
Apoyo financiero del gobierno nacional y planes para reducir la carga financiera de los gobiernos locales
El gobierno nacional proporciona a los gobiernos locales subvenciones adicionales para la adaptación sísmica y la reconstrucción de escuelas con capacidad sísmica insuficiente. En principio, las subvenciones nacionales para la adaptación y reconstrucción cubren un tercio de los costes asociados para las escuelas públicas de primaria y secundaria, pero la parte nacional se ha elevado a dos tercios y la mitad respectivamente en 2008 en virtud de la Ley de Medidas Especiales para Contrarrestar los Desastres Sísmicos. Además, se generaron fuentes adicionales de financiación a través de bonos locales y la asignación de impuestos locales por parte de los gobiernos locales. En la prefectura de Shizuoka, situada en la zona de Tokai, donde la probabilidad de terremotos es alta, el gobierno local aumentó el impuesto de sociedades entre un 7% y un 10% durante 15 años para asignar presupuesto a la construcción de edificios públicos más resistentes a los seísmos. La tasa de finalización de las obras de rehabilitación del municipio de Kushiro se mantuvo en el 50% durante una década debido a la falta de fondos; sin embargo, esta tasa aumentó hasta el 85,8% a los 3 años de introducir el sistema PFI.
Comprensión mutua de las partes interesadas de la importancia de invertir en la modernización de las escuelas.
Compromiso de los gobiernos municipales en la promoción del programa.
El apoyo proactivo del gobierno nacional fue una parte esencial para lograr el reequipamiento de las escuelas de todo Japón. Los avances en la consecución del objetivo del programa fueron inicialmente lentos debido a la carga financiera de los gobiernos locales. El gobierno nacional respondió aumentando las subvenciones nacionales para la adaptación sísmica y la reconstrucción. Además, cuando hubo dificultades para conseguir fondos suficientes para las subvenciones de adaptación con cargo al presupuesto nacional inicial, el gobierno estudió la posibilidad de utilizar el presupuesto suplementario y el fondo de reserva.
Promover la apropiación de la iniciativa de restauración social comunitaria y la participación de todas las clases sociales
Participación activa de las mujeres y los jóvenes en el vivero del pueblo, protegido por una valla viva.
GIZ
Se celebró una reunión inicial entre las autoridades tradicionales y religiosas de Mogazang para recabar toda la información útil y sensibilizar a la población. Como paso siguiente, se llevó a cabo un estudio socioeconómico para comprender las posibles repercusiones y retos sociales, económicos y medioambientales de la iniciativa de restauración. La elaboración de un mapa por parte de los miembros de la comunidad bajo la dirección del equipo asesor permitió delimitar una parcela de terreno degradado (10,74 ha) para su restauración. La iniciativa de reforestación tenía como objetivo proporcionar leña, forraje, productos alimenticios y plantas medicinales, entre otros. El gobierno es propietario de la parcela seleccionada, bajo la supervisión de la Oficina Ejecutiva de Desarrollo del pueblo. Sin embargo, está gestionada "por el pueblo, para el pueblo".
Asegurarse siempre de que se entienden bien las preocupaciones de la población y de que las soluciones propuestas contribuirán realmente a resolver su problema.
Implicar a representantes de todos los grupos de la sociedad (especialmente mujeres y niños).
Asegurarse de que no haya conflictos de intereses ni disputas sobre los derechos de propiedad de la tierra en relación con el emplazamiento del proyecto.
Seleccionar a personas locales cualificadas con formación suficiente para redactar breves informes de actividad y prever su capacitación técnica y de gestión
Dados los hábitos y costumbres de la comunidad musulmana de la zona donde se lleva a cabo la iniciativa, fue todo un reto implicar activamente a las mujeres en los debates.
Posteriormente, pudimos demostrar las ventajas de incorporar la perspectiva de las mujeres en los debates y logramos así su mejor integración. De hecho, las mujeres son las que, a diario, recorren largas distancias en busca de leña, lo que justifica la necesidad de implicarlas en las actividades de la iniciativa.
Para lograr el sentimiento de apropiación entre los beneficiarios es necesario contar con autoridades administrativas y tradicionales que los movilicen. Estas autoridades, sin embargo, tienden a hacer hincapié en el aspecto monetario, lo que puede reducir la consecución de los objetivos.
