La agrupación de explotaciones es una modalidad que se adoptó para el establecimiento de nuevas actividades agrícolas. Una agrupación agrícola es un grupo de unidades agrícolas contiguas en un mismo emplazamiento. Con ello se pretendía superar muchos obstáculos a los que se enfrentan los agricultores individuales, como los elevados costes de transporte, la fluctuación de los precios de mercado y la falta de capacidad técnica para abordar los problemas que surgen durante la explotación de tecnologías agrícolas relativamente nuevas.

Las agrupaciones agrícolas de los municipios de Al Za'atari y Al Serhan, en la gobernación de Al Mafraq (norte de Jordania), comprenden un conjunto de 58 unidades agrícolas adosadas en dos emplazamientos con una superficie total aproximada de 60.000 m². Esta configuración permite vender los productos de todos los agricultores a la vez a grandes empresas comercializadoras, reduciendo así los costes de transporte y permitiendo que todos los componentes de la explotación obtengan la misma calidad de productos.

Las unidades agrícolas son invernaderos equipados con sistemas internos de cultivo sin suelo y alimentados por energía solar, mientras que los productos se venden a través de una empresa derivada del proyecto, que lleva el nombre del proyecto (Smart DESERT Company). Todos los agricultores siguen los mismos pasos de trabajo y las condiciones se controlan al máximo.

Los invernaderos están equipados con sistemas internos de cultivo sin suelo que son plenamente funcionales y producen diversos cultivos. Este sistema permite recoger el agua de riego de retorno en balsas y hacerla circular para regar los árboles circundantes y una parcela de cultivo abierta.

Los fondos recaudados se utilizaron tanto para cubrir los costes de reforestación como para crear cientos de salarios y empleos verdes. Por un lado, Costa Rica aspira a alcanzar el 60% de cubierta forestal en 2030, y los plantones requieren cuidados continuos para garantizar que sobreviven y prosperan. Por otro, las condiciones socioeconómicas de las comunidades ya vulnerables de la región norte del país empeoraron con la pandemia del COVID-19.

#Footprints4ourFuture aborda estos dos retos de forma integrada. Cada árbol plantado va acompañado de un plan de mantenimiento de cinco años para garantizar su supervivencia. Este plan es aplicado por trabajadores locales que plantan y podan los árboles, mejorando las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables y proporcionando una fuente sostenible de ingresos más allá del periodo de la pandemia. Este enfoque también contribuye a sensibilizar a la población local y a promover la apropiación de los esfuerzos de reforestación por parte de la comunidad.

Los donantes pueden contribuir a la campaña a través de diferentes paquetes/importes: "Mi Huella" (un árbol por 15 USD), "Huella Familiar" (10 árboles por 150 USD), "Huella Pequeña Empresa" (100 árboles por 1.500 USD) y "Huella Corporativa" (1.000 árboles por 15.000 USD).

Estos paquetes pueden adquirirse en el sitio web de la campaña, que lanza una cuenta nacional para FUNBAM. También es posible contribuir haciendo directamente transferencias bancarias a una cuenta en dólares o colones costarricenses, o donar rápidamente utilizando SINPE Móvil, el sistema de transferencia instantánea de dinero móvil del país. Empresas y organizaciones, así como embajadas, realizaron la transferencia a través de esta modalidad en virtud de un acuerdo firmado con FUNBAM (el organismo ejecutor). Inicialmente, también era posible donar a través de la plataforma internacional del PNUD, que posteriormente se eliminó dado que las actividades de divulgación se centraban en el ámbito nacional.

Además, a través de una asociación con la ferretería corporativa Ferretería EPA, se invita a los clientes de siete tiendas físicas a donar su calderilla y su complemento para plantar un árbol, llegando así a aquellos que en un principio podrían no haber tenido conocimiento de la campaña.

Por último, para el paquete corporativo de 1.000 árboles, se organizaron reuniones con posibles empresas asociadas para fomentar la colaboración. Embajadas como las de España e Italia, entre otras, también recurrieron a esta modalidad.

Tras el desarrollo del marco legislativo y reglamentario para la emisión de bonos verdes, también fue necesario crear incentivos que aumentaran su atractivo tanto para los emisores como para los inversores. Con la defensa de BIOFIN y en estrecha colaboración con el Grupo de Trabajo, se establecieron dos incentivos clave.

En primer lugar, los inversores se benefician de una exención del 15% del impuesto de retención sobre los bonos verdes cotizados en una bolsa zambiana con un vencimiento de al menos tres años. Esta medida fomenta la inversión en proyectos con resultados medioambientales positivos y acelera la movilización de recursos. También motiva a los emisores potenciales, que pueden esperar una mayor demanda de los inversores y, en consecuencia, un mayor rendimiento de sus bonos.

En segundo lugar, la SEC introdujo una reducción del 50% en las tasas de registro de bonos verdes en Zambia. Al reducir los costes de emisión, esta medida refuerza aún más el atractivo del mercado para los emisores.

Desde 2018, BIOFIN del PNUD ha organizado varios talleres de desarrollo de capacidades y ha proporcionado apoyo para el desarrollo del mercado de bonos verdes en Zambia, colaborando con los principales reguladores del sector financiero. Estas actividades han sido fundamentales para la formulación de las Directrices y Normas de Cotización de Bonos Verdes, y también han incluido capacitaciones específicas para la SEC sobre la revisión y aprobación de solicitudes de bonos verdes.

A modo de ejemplo, en julio de 2025 se impartió a los miembros del Grupo de Trabajo y a otras partes interesadas clave (por ejemplo, agentes de inversión, asesores de transacciones, inversores institucionales, etc.) una serie de sesiones de capacitación para ampliar el mercado de emisiones de bonos verdes en Zambia. En las sesiones se trataron temas como los fundamentos de los bonos verdes, el proceso de estructuración y los requisitos de elegibilidad.

BIOFIN también ha proporcionado asistencia técnica a emisores de bonos verdes de alto potencial en Zambia. En 2024, se lanzó una convocatoria global para ofrecer orientación personalizada a cinco empresas u otros posibles emisores. Este apoyo incluye la redacción de marcos de bonos verdes, la identificación de carteras de proyectos elegibles, el enlace con bancos de inversión y la contratación de proveedores de dictámenes de segunda parte para la certificación. También ofrece servicios de asesoramiento sobre la adecuación de los bonos a las normas internacionales, la presentación de informes de impacto y el posicionamiento en el mercado.

El desarrollo de un mercado de bonos verdes en Zambia está anclado en las actividades del Grupo de Trabajo de Integración de las Finanzas Verdes, que reúne a reguladores financieros, organismos normativos, socios de desarrollo y otras instituciones clave con el objetivo de integrar las finanzas verdes en el panorama financiero de Zambia. Entre sus miembros figuran el Banco de Zambia, la SEC y la Autoridad de Pensiones y Seguros (PIA). Además, el Grupo de Trabajo cuenta con la participación estratégica del Ministerio de Economía Verde y Medio Ambiente, el Ministerio de Finanzas y Planificación Nacional, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Zambia y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Zambia.

La creación del Grupo de Trabajo proporcionó una plataforma regular para la colaboración entre organismos reguladores, agencias gubernamentales y expertos, fomentando un entorno propicio para el desarrollo y la aplicación efectiva de soluciones de financiación verde. Muchas de estas soluciones son de naturaleza multidisciplinar, desde los requisitos legales hasta los conocimientos técnicos, y potencialmente no podrían haberse desarrollado sin este esfuerzo de colaboración.

El desarrollo de la legislación y la normativa fue la base para establecer un mercado de bonos verdes en Zambia. Las Directrices de Bon os Verdes de 2019 son el principal resultado de este proceso y sirven como marco regulador habilitador para las emisiones de bonos verdes en el país. Se publicaron oficialmente y se desarrollaron en línea con los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), un protocolo voluntario para la emisión de bonos verdes.

Las Directrices cubren exhaustivamente los requisitos para la emisión de bonos verdes, incluida la contratación de un revisor externo independiente y la presentación de un marco detallado de bonos verdes a la Comisión del Mercado de Valores (SEC). Este marco debe explicar los criterios de selección de proyectos que se utilizarán, cómo se utilizarán los fondos, la gestión de los ingresos (los fondos obtenidos de la venta de los bonos) y cómo se lograrán los objetivos medioambientales. En conjunto, estos elementos promueven la transparencia, la responsabilidad y la confianza de los inversores.

Para complementar las Directrices, también se elaboraron las Normas de cotización de bonos verdes, que proporcionan una vía detallada para que los emisores puedan cotizar bonos verdes en la Bolsa de Valores de Lusaka (LuSE). También establecen procedimientos para evaluar las credenciales medioambientales de los bonos verdes e informar sobre sus impactos, contribuyendo a un mercado ordenado.

La formación sobre el proceso de restauración de los manglares, incluido el desarrollo de viveros de manglares en los lugares del proyecto, y sobre la gobernanza de los ecosistemas dotó a los líderes de las organizaciones comunitarias de las habilidades y la confianza necesarias para gestionar los recursos de forma inclusiva y eficaz. Esto mejoró su toma de decisiones, reforzó la participación comunitaria y contribuyó al éxito del desarrollo de viveros de manglares y a la aplicación de soluciones de conservación y gobernanza.

El registro formal de las organizaciones comunitarias y la creación de sistemas estructurados de gobernanza local -una red de VNRC o CoFMA- proporcionaron a las comunidades reconocimiento legal y un mandato claro. Este proceso permitió la colaboración entre los VNRC o CoFMA para archivar los objetivos de conservación y gestión de los manglares, hacer cumplir las ordenanzas locales y gestionar los recursos naturales de forma sostenible. También mejoró la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a las ayudas del gobierno y los donantes, capacitando a las comunidades para apropiarse de los esfuerzos de conservación.

La elaboración de planes de gestión de los manglares para las aldeas y los shehias de las zonas del proyecto de Bengo fue esencial para traducir las leyes nacionales en medidas locales eficaces para la conservación y el uso sostenible de los manglares en Tanzania. Los planes proporcionaron un marco estructurado y específico para cada lugar que orientó la restauración, la protección y el uso racional de los ecosistemas de manglares, alineando los mandatos legales con intervenciones prácticas y específicas para cada contexto. El enfoque participativo e inclusivo fue clave para archivar planes de gestión de manglares bien desarrollados que implicaban activamente a las comunidades locales, incluidas las mujeres y los jóvenes, en los procesos de desarrollo. Los planes facilitaron la zonificación para la conservación, el uso sostenible y la restauración, basándose en conocimientos tanto científicos como tradicionales. Además, estos planes permiten el seguimiento sistemático, la aplicación y la gestión adaptativa. El anclaje de los esfuerzos de conservación en planes adaptados localmente y apoyados por la comunidad garantizó que las leyes sobre manglares no sólo se escribieran sobre el papel, sino que se aplicaran de forma significativa sobre el terreno, proporcionando beneficios ecológicos, sociales y económicos a largo plazo de los manglares.