Un fondo fiduciario proporciona una fuente de financiación a largo plazo para financiar las actividades definidas en el Plan de Ejecución y Supervisión. El fondo fiduciario se basa en la perpetuidad, la independencia, la sencillez, la flexibilidad y la transparencia. Los socios fundadores actúan como fideicomitentes, mientras que el beneficiario son las áreas protegidas nacionales del país.

Los resultados de los diálogos multisectoriales se plasman en acuerdos sobre los planes de aplicación. Estos acuerdos constituyen la base para establecer el modelo de gobernanza, o lo que es lo mismo, el conjunto de normas formales e informales y sus mecanismos de aplicación. Los acuerdos documentan el entendimiento de las partes interesadas sobre la delimitación geográfica del área, su zonificación y la categoría de gestión. También establecen los pasos a seguir en el proceso de implantación de las áreas de gestión, como la consolidación de un modelo de gobernanza a través de un Consejo Local, que es una figura que da soporte legal compuesta por diversos representantes.

Para promover la participación voluntaria y lograr el consenso entre los sectores clave implicados, se identifican las partes interesadas, incluidas las autoridades locales, los pescadores y los residentes locales, entre otros, mediante un mapeo previo de los actores. A continuación, los distintos sectores proponen a sus representantes, que se comprometen formalmente con el proceso mediante la firma de un documento. Se establece una plataforma de diálogo multisectorial y se debaten los intereses de las partes interesadas utilizando un enfoque de facilitación colaborativa y resolución alternativa de conflictos. En esta plataforma se abordan las cuestiones de la delimitación geográfica de la zona de gestión y el modelo de gobernanza con funciones y responsabilidades por sectores y zonas de uso.

Las autoridades locales de conservación elaboraron una resolución administrativa para determinar la viabilidad técnica, social, jurídica y financiera de implantar áreas protegidas en los lugares de importancia para la conservación. La resolución considera la información procedente de estudios científicos y destaca la importancia de establecer un proceso participativo mediante la creación de un panel de diálogo multisectorial. Al mismo tiempo, la autoridad local creó un Comité de seguimiento con representantes institucionales de la autoridad nacional de gestión de áreas protegidas para legitimar el proceso y garantizar su documentación e institucionalización.

Tres estudios científicos aportan información técnica para identificar las zonas que deben incluirse en el sistema nacional de áreas protegidas. La evaluación de las ecorregiones marinas en Mesoamérica fue el primer paso para lograr una agenda de conservación de la biodiversidad marina y costera a nivel regional. Para cumplir con las metas establecidas para el nivel ecorregional, se identificaron brechas de representatividad e integridad para la biodiversidad marina y costera de Costa Rica a través de una comparación del sistema nacional de áreas marinas protegidas con los sitios de importancia para la conservación identificados durante la evaluación. Los sitios nacionales de importancia para la conservación fueron priorizados en el análisis de brechas. Se realizaron evaluaciones técnicas adicionales para profundizar en el estado de conservación a nivel de los sitios locales. Esta información científica ayudó a elaborar consideraciones sobre las prioridades a nivel local y los usos reales y potenciales junto con los conflictos de uso.

Un acuerdo de cooperación define las funciones y responsabilidades de cada socio de la asociación público-privada y garantiza el cumplimiento de un Plan de Ejecución y Seguimiento programado para alcanzar los objetivos de conservación.

Además de fijar los objetivos de conservación, el Plan de Ejecución y Seguimiento también detalla los objetivos estratégicos y las actividades que deben llevarse a cabo durante un periodo de tiempo determinado para alcanzar dichos objetivos. Además, el plan identifica posibles riesgos y dificultades y proporciona indicadores para el seguimiento y la evaluación.

El administrador del fondo, la ONG FUNDECODES, y otros intermediarios promueven las CCU entre los inversores, que las compran a un plazo mínimo de diez años. Los rendimientos de las CCU se distribuyen para su uso en las distintas zonas del área del proyecto: 40% para actividades de conservación en la zona núcleo, 40% para actividades de producción sostenible en la zona de amortiguación comercial y 20% para los propietarios de las tierras generadoras de crédito.

Las estrategias específicas para cada cuenca se identifican en un Plan de Acción de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, que es adaptativo y evoluciona a partir de una base científica. El Plan de Acción, elaborado conjuntamente por las partes interesadas locales, permitirá que las cuencas hidrográficas prioritarias recuperen su funcionalidad y proporcionen mejores servicios ecosistémicos, como agua limpia para mantener sanos los manglares que aportan beneficios para la adaptación al clima.

La solución se financia mediante una combinación de fondos extinguibles y fondos de dotación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), y fondos de contrapartida de otros donantes y financiación pública. Los fondos de dotación del FMAM proporcionan financiación a largo plazo para abordar las necesidades de conservación dentro de las cuencas costeras y se dedican parcialmente al funcionamiento básico de las áreas protegidas. Los fondos extinguibles públicos de los programas de la CONAFOR y los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos aumentan la conectividad de las cuencas. Las subvenciones financian proyectos de gestión forestal sostenible y agroecología. El Plan de Acción Integral de Cuencas Hidrográficas ayudará a alinear estas inversiones públicas y privadas a nivel de paisaje.