Las partes del Proceso de Laponia se propusieron crear un nuevo plan de gestión para el bien utilizando los valores de tres áreas: el entorno natural y sus elevados valores; la cultura sami viva y la industria del reno; y el patrimonio histórico derivado del uso anterior de la tierra. Este plan de gestión participativa se basa en una comprensión compartida del bien del Patrimonio Mundial por todas las partes interesadas que participan en el proceso y en la aplicación del plan. Además de las instituciones gobernantes (municipios, condado, agencias gubernamentales encargadas de la conservación del patrimonio), las partes interesadas importantes que deben tenerse en cuenta e integrarse en este proceso participativo son las aldeas sami, que son organizaciones responsables de la cría de renos dentro de un área específica. Se trata de una entidad jurídica y se organizan a través de reuniones de aldea.

Para otorgar la responsabilidad de la gestión a una entidad local, hubo que crear un nuevo marco jurídico. La Ordenanza de Laponia es la única legislación aplicable a un sitio del Patrimonio Mundial en Suecia. Permite a la Junta Administrativa del Condado y a la Agencia de Protección del Medio Ambiente traspasar responsabilidades al Laponiatjuottjudus. En casos normales, son los municipios o la Junta Administrativa del Condado quienes administran un nuevo Sitio del Patrimonio Mundial.

El Proceso de Laponia fue un planteamiento de diálogo creado y desarrollado por una diversidad de partes interesadas en la propiedad del Patrimonio Mundial del Área de Laponia. Dado que Laponia es una zona extensa que consta de varias áreas protegidas, establecer un sistema de gestión coordinado en su conjunto ha sido todo un reto desde su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. En un principio, la Junta Administrativa del Condado de Norbotten y las comunidades y municipios sami de Jokkmokk y Gällivare empezaron a preparar sus programas de conservación de forma independiente. El Proceso de Laponia comenzó por iniciativa del Gobernador de Norrbotten en 2005, incluyendo a todas las partes interesadas en un proceso de diálogo basado en un conjunto de valores comunes, que llevaría a las partes a ponerse de acuerdo en cuestiones cruciales y en los términos en los que debería gestionarse el Área de Laponia. Se determinó que todas las decisiones se tomaran por consenso y se solicitó una nueva normativa para los parques nacionales y las reservas naturales. En 2006, las partes firmaron un acuerdo común que enviaron al Gobierno y que contenía:

• Un conjunto de valores básicos comunes
• Intenciones comunes para una serie de esfuerzos
• El establecimiento de una delegación temporal de Laponia
• Los preparativos para la puesta en marcha de un grupo de gestión del Patrimonio Mundial con mayoría sami en el comité.

Además de los recursos que los entes territoriales en Colombia deben, por ley, destinar a la conservación de los recursos hídricos, también diferentes actores del gobierno y de la sociedad civil se han constituído en aportantes de otras fuentes de recursos al efecto a través de convenios interadministrativos que dan apoyo tanto en recursos técnicos como con recursos económicos para la sostenibilidad del proyecto en las áreas, los convenios de solidaridad con las Juntas de Acción Comunal o los convenios de colaboración para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, además de los entes rectores ambientales y los municipios.

Destinación de un porcentaje de los presupuestos departamentales y municipales a la conservación de recursos hídricos.

El Plan, que considera un plazo de tiempo de 10 años, fue desarrollada por The Nature Conservancy (TNC) a partir de la implementacion de la herramienta metodológica "Planificación para la Conservación de Áreas" (PCA).

El plan cuenta con cinco programas, a saber:

1. Estrategias de Conservación y Restauración

2. Uso y Manejo sostenible de la biodiversidad con sus servicios ecosistémicos

3. Conocimiento e investigación

4. Empoderamiento

5. Co-gestión articulada y compartida (gobernanza ambiental participativa).

Implementacion de 50 acuerdos de conservación, la restauración de 600 ha de franjas de protección hídrica y la gestión con la institucionalidad pública para la inclusión del área en los planes de ordenamiento territorial de los municipios.