Para conservar eficazmente los recursos naturales y facilitar el desarrollo sostenible, debe producirse un cambio de percepción para que las comunidades y los gobiernos vean las AP y los recursos naturales como unidades productivas de la economía, y no como recursos asediados por los sectores del desarrollo y las comunidades locales. En los países del bajo Mekong, las actitudes están cambiando y los gobiernos empiezan a percibir las AP como activos económicos cuidadosamente conservados por los beneficios que aportan al desarrollo. Mientras se produce este cambio, los gobiernos avanzan hacia una situación en la que el capital natural de las zonas protegidas se evalúa periódicamente y los resultados se reflejan en el PIB y los presupuestos. Los Estados miembros entienden que invertir en las zonas protegidas y en el capital natural garantiza que los recursos se mantengan, restauren y amplíen para que sigan produciendo servicios ecosistémicos vitales para el desarrollo y la expansión económica.
Para que este elemento constitutivo tenga éxito, los ciudadanos y las industrias deben beneficiarse directamente de la conservación de los recursos naturales y de la expansión de las redes de AP. Los beneficios directos pueden adoptar la forma de filtración de agua, control de inundaciones, producción pesquera, etc. Si los ciudadanos y las industrias no se benefician directamente, no verán el valor de ampliar las AP. El éxito también depende del compromiso de los gobiernos de invertir económicamente en el mantenimiento y la expansión de las AP y sus recursos.
Todas las AP necesitan que sus valores se expresen en términos económicos que puedan comunicarse en los presupuestos anuales y a largo plazo. Las valoraciones deben formar parte de los planes de gestión de las AP y de las evaluaciones ambientales asociadas a las propuestas de desarrollo que afecten a las AP.
Cada sector debe ser consciente de los beneficios de desarrollo que obtienen o podrían obtener de las AP.
Dichos beneficios y su mantenimiento deben reconocerse en los planes y presupuestos sectoriales.
Es necesaria una aplicación más sistemática del enfoque "el beneficiario o el usuario paga" en todos los sectores, lo que requiere políticas e instrumentos económicos de apoyo. Los proyectos piloto ya realizados, por ejemplo, las tasas hidroeléctricas de Laos, deberían aplicarse de forma coherente y reproducirse en los países vecinos.
Los usuarios de las zonas protegidas deben participar en su gestión y protección. Se necesitarán nuevos enfoques de gestión colaborativa en relación con zonas, recursos y derechos de acceso específicos y con los servicios y productos que proporcionan las AP.
En todas estas nuevas orientaciones subyace la necesidad de aumentar la capacidad, las aptitudes y los presupuestos de los gestores de AP.